Jefes en una aldea difícil

No va a ser lo mismo gobernar en los municipios de Villablino o Fabero, a los que esperan años aún más difíciles con el declive de la minería del carbón, que hacerlo en un floreciente municipio mediterráneo. «Desde luego que no», contesta la alcaldesa lacianiega Ana Luisa Durán. Como ella, muchos flamantes alcaldes y alcaldesas no lo van a tener fácil los próximos cuatro años. En León, 24 ayuntamientos dependen directamente de la minería y hay otros 65 están incluidos en su área de influencia socioeconómica, lo que da idea de la brecha social que se está abriendo en este ámbito.

Alcaldes consultados por este periódico creen que en el plazo de dos meses la Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) será reorganizada a tenor del nuevo mapa electoral, un ámbito clave en este mandato. Los alcaldes, entre otros grandes asuntos, empezarán a negociar el principio del fin. Europa ha puesto como límite el año 2018 para dejar de subsidiar a las empresas no competitivas y, a partir del año que viene, habrá que negociar el plan del carbón que regulará el sector hasta entonces. «Cuatro años para no parar de reivindicar», advierte el alcalde de Fabero, José Ramón Cerezales.

Por motivos diferentes, los pueblos de la montaña cantábrica, de este a oeste, están marcados por un mandato complicado con discordias casi siempre ligadas al equívoco dilema entre progreso y conservación. Más de 19.500 leoneses están afectados por uno de los asuntos que ha concitado mayor número de conciencias en su contra, como es la línea de alta tensión Sama-Velilla. Más de 80 de los 123 kilómetros de tendido eléctrico discurren por León y atravesaría, entre otras áreas de interés, el bosque mejor econservado de España -así ha catalogado el Estado al Faedo-, varias unidades de la Reserva de la Biosfera Gran Cantábrica y el Parque Regional de Picos de Europa. Trece alcaldes defenderán esta lucha, apoyados ya por 210 colectivos sociales diferentes. O al revés. «Van a destrozar el monte», advierte el alcalde de Cebanico, de 205 habitantes.

En Picos de Europa, el horizonte tampoco está despejado. Los municipios del parque nacional quieren hacer cumplir la ley y que los núcleos urbanos y las propiedades privadas sean excluidas del espacio protegido. Paralelamente, tendrán que negociar directamente con el Estado el pago de compensaciones por la pérdida de ingresos en las cacerías deportivas o la recogida de madera. El primer reparto del dinero ya ha llevado a Oseja de Sajambre a plantear un contencioso contra el Estado. A todo esto, los regidores tendrán que añadir los cambios que va introduciendo el ajuste tras el traspaso de competencias del parque a las autonomías.

También en el entorno de Picos de Europa se mantiene la incertidumbre sobre otro gran proyecto, la estación de esquí de San Glorio. En León afecta al municipio de Boca de Huérgano, muy esperanzado con el último impulso que dio la Junta al proyecto antes de las elecciones. El presente mandato será, por tanto, decisivo.

Como lo será en otros proyectos contestados desde uno u otro frente. Como el formado por los alcaldes de Tierra de Campos contra el cementerio nuclear de Valladolid. O el triunvirato de los alcaldes de Mansilla de las Mulas, Villasabariego y Mansilla Mayor para exigir una solución rápida a la conservación de los restos arqueológicos de Lancia y permitir la ejecución de la autovía a Valladolid (A-60).

Años peliagudos para estos alcaldes y alcaldesas.