La jubilación de Fernández le costará a la Caja 614.000 euros al pagar la Seguridad Social

Punto y final. Más de cuatro horas y media de reunión del Consejo de Administración de Caja España-Duero que se pueden resumir en esta frase: la indemnización de 554.000 euros que el ex alcalde y ex líder de los socialistas, Francisco Fernández, cobró de la Caja «es legal», porque es fruto de un acuerdo «tomado por quien tenía los poderes para tomarlo y no se puede revocar».

Una legalidad que venía con sorpresa en forma de aproximadamente 60.000 euros, que son los que tiene abonar la entidad que preside Evaristo del Canto en concepto de Seguridad Social hasta que el ex regidor cumpla los 64 años, es decir hasta el 2018. Algo que reconocieron el presidente y el director general en el Consejo. O lo que es lo mismo: la indemnización de Francisco Fernández le costará finalmente a la Caja 614.000 euros.

Es el segundo informe que ayer presentaron el presidente de la entidad, Evaristo del Canto, y el director general, José María de la Vega, a los 34 miembros del Consejo de Administración, el que defiende la legalidad del acuerdo que firmaron con Francisco Fernández el pasado 23 de agosto. Un informe, el de Uría, que se adjuntó junto al primero que ya se había presentado de Sagardoy en el último consejo ordinario del 27 de octubre, en el que se pidió expresamente por unanimidad de todos estudiar la revocación del acuerdo, que ayer fue rechazado.

Los más curioso de todo es que uno y otro, el de Sagardoy de 9 de mayo, y el de Uría, de estas últimas semanas, dan el visto bueno a la millonaria indemnización de Fernández, pese a que el primero habla de prejubilación para defender su legalidad, y el segundo de rescisión de contrato, también para asegurar que es una opción perfectamente legal. Finalmente, y según manifestó el director general lo que al ex alcalde de León le ha permitido cobrar los 554.000 euros de indemnización ha sido una «rescisión de contrato a modo de jubilación».

Francisco Fernández cobró esa indemnización el pasado 7 de septiembre, una vez que el 23 de agosto Evaristo del Canto y José María de la Vega le firmaron el acuerdo, ya que eran quienes tenían poderes para hacerlo, según se recoge en el informe de Uría. Además, quedó claro que las negociaciones con el ex secretario provincial de los socialistas leoneses se iniciaron cuando aún era alcalde, dada la fecha del primer informe: 9 de mayo.

Silencio. De un mes a otro, del 27 de octubre a ayer, mucho ha cambiado las cosas entre los consejeros, eso sí en unos más que en otros. Lo que hace un mes era beligerancia y exigencia para alguno como el responsable autonómico de UGT, Agustín Prieto, ayer se tornó en silencio y comprensión. Y lo mismo se puede decir del secretario general de Asaja Castilla y Léon, José Antonio Turrado, quien entendió que no había nada que hacer si como afirmaban todo era legal. Mientras en la bancada de los socialistas exigían «pasar página», por el bien de la Caja.

Sólo la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, habló de «la pantomima del siglo» y criticó que no se le dieran todos los documentos.