La fiebre del metal
Los cuatro euros a los que se cotiza el kilogramo de cobre en el mercado negro de León explican la oleada de robos que no cesa a pesar de la presión policial. El robo de metales es como un nuevo ‘el dorado’. La presión de las fuerzas de seguridad sobre las chatarrerías ha frenado el mercadeo clandestino en León, pero no logra erradicar la actuación de un perfil de delincuente que abarca desde el simple ladrón de tapas de alcantarilla hasta las bandas jerarquizadas. El proceso es sencillo: se roba, se lleva al chatarrero que lo quiera comprar, éste lo vende a la fundición, que lo recicla y lo devuelve al mercado, en ocasiones a la misma empresa a la que fue sustraído. Pocos negocios son tan redondos.

La vigilancia policial sobre las chatarrerías de León —en la foto, una del alfoz— ha frenado la compraventa de cobre, no los robos.
«Se pone una palanca así, se arranca y ¡zas!, se tira del cable y sale solo». La operación de desmontar un alumbrado público no parece complicada contada por Israel, un joven encontrado en el camino de este reportaje. Lo difícil es venderlo desde que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llevan un riguroso control de las chatarrerías. Cada semana, dos a más tardar, estos puntos de compraventa son sometidos a una inspección policial que incluye la revisión de los libros de registro. «Hace más de un año que por aquí no para nadie a ofrecer cobre; saben que vamos por lo legal y ya ni se acercan», comenta la encargada de un centro gestor de residuos autorizado por la Junta. Pero el mercado negro que mueven los compradores clandestinos sigue pagando a Israel entre tres y cuatro euros el kilogramo de cobre, lo que podría dar explicación al fenómeno delictivo de moda. Pero el ‘oro de los pobres’ no es el único quebradero de cabeza de las fuerzas policiales. Desde que la crisis es crisis, tapas de alcantarilla, bolardos y, como se ha visto durante los últimos días, hasta vías de tren están en el objetivo de los ladrones de metales. Un recorrido por vertederos, chatarrerías, puntos limpios de reciclaje, empresas de servicios víctimas de robos y dependencias policiales ayudan a entender un negocio, se podría decir que redondo.
Por abajo. El punto de partida está en gente como Israel. Parece un experto en deshilvanar el hilo de cobre que recoge en lugares inimaginables, muchos de ellos puntos de vertido clandestinos en donde encuentra ordenadores, electrodomésticos viejos... Sin trabajo ni horizonte de encontrarlo, el robo de cables y de cualquier material susceptible de ser vendido a su chatarrero de cabecera es su manera de sobrevivir. «Y la de familias enteras de León», asegura. No quiere hablar mucho más ni dar mayores pistas de sus movimientos, porque se ha extendido la voz de que hay mucha presión policial. Han estado a punto de pillarle en una ocasión, pero dice ser más listo que «todos ellos». Por eso siempre actúa solo, con nocturnidad y alevosía.
De casos como el de Israel se pasa a los pequeños grupos que actúan de manera organizada. Las actuaciones de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía desde que en el año 2007 se pusiese en marcha el primer plan de choque contra el robo de cable han logrado desarticular pequeñas bandas, con el resultado de numerosas. El último golpe asestado contra estos delincuentes —ha ocurrido en los últimos días por el robo de material ferroviario— culminó con la detención de nueve personas. Se les atribuye un presunto robo con fuerza en las cosas. Todos ellos tienen numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Es el perfil que abunda.
Y de ahí se pasa a los grandes grupos organizados con tentáculos a nivel internacional. Fuentes autorizadas afirman que no existe constancia alguna de que en León se haya establecido alguno de ellos. Más bien utilizan la provincia como lugar de paso o simplemente para robar, algo muy común que se está produciendo en las explotaciones agropecuarias. El sindicato agrario Asaja ha sido muy crítico con la «inseguridad» que se vive en el disperso campo leonés. De las tradicionales sustracciones de productos agrícolas y de cosechas se ha pasado a prácticas delictivas consistentes en asaltar fincas cercadas, casas de campo y apoderarse de cables de cobre, tuberías y motores de riego, transformadores, equipos halógenos, maquinaria agrícola de toda índole —pesada y no pesada—, gasóleo y todo tipo de enseres. Incluso se ha llegado a poner en peligro la integridad física de agricultores y ganaderos, puesto que ya no sólo se trata de robos con fuerza en las cosas, sino que muchas veces también se añade una intimidación sobre las personas. En estos casos, no sólo se trata del valor de lo sustraído, sino que muchas veces hay que sumar las secuelas de las víctimas. Aunque León ha quedado esta vez al margen de las actuaciones de las bandas de ladrones, una cercana comarca vallisoletana ha sido objeto recientemente de robos con pérdidas superiores a los 30.000 euros en menos de siete días.
Todo este material entra por toneladas en las fundiciones. Se presupone que todo lo que llega aquí ha pasado el filtro de las chatarrerías. Para ello, guardias civiles y policías nacionales llevan a cabo dos planes coordinados a nivel nacional: el plan de respuesta policial al robo de cableado de cobre y el plan para intensificar la vigilancia e inspección de los establecimientos dedicados a la recuperación de residuos metálicos y no metálicos.
Poco que chatarrear. A las diez de la mañana, la actividad en una de las chatarrerías autorizadas de León es nula. Se encuentra en el área metropolitana. El cable de cobre que hay en este momento es una minucia comparado con el resto de metales que clasifica uno de los trabajadores. «Antes había muchos particulares que venían a ofrecer pequeñas cosas, pero si desde el primer día les dices que no coges nada sospechoso o de lo que no sepas su procedencia no vuelven», asegura la encargada del centro. Además de llevar el día a día de la chatarrería, es la responsable de enviar a la Guardia Civil un correo electrónico cada vez que compra cobre. Lo hace desde julio del pasado año. Dependiendo del rendimiento del metal —si ya viene limpio o no—, puede pagar entre 3.000 y 4.000 euros la tonelada.
A muy pocos kilómetros y un par de horas después, Antonio dirige una entrega en la chatarrería donde trabaja. En su caso, tiene la obligación de hacer los avisos a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo. «Cada kilo de cobre que compro, informe», indica mientras muestra el libro de registro que lleva escrupulosamente al día. Antes eran otros tiempos, pero ahora manifiesta que «para juntar 500 kilos de cobre a lo mejor tiene que pasar más de un mes». En esta casa el kilogramo del rojo metal se paga a tres o tres euros y medio, también dependiendo de si entra o no pelado.
Ojo avizor. La actuación de las policías locales es vital. Aunque en los planes coordinados intervienen Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, los ayuntamientos, grandes afectados por este tipo de robos, dedican enormes esfuerzos para prevenirlos. Investigaciones de los policías locales de León han propiciado después grandes operaciones ejecutadas por la Benemérita. Y desde hace tiempo, el trabajo de las patrullas tiene sus réditos: una decena de detenidos y numeroso material decomisado. Lo último, una furgoneta interceptada en el entorno de los almacenes municipales que iba cargada de cable de cobre procedente de farolas de alumbrado público. «Todavía no es tan habitual como los robos domiciliarios», aseguran desde esta policía. Pero lo cierto es que estas actuaciones son mucho más graves de lo que en principio parecen. No hace mucho, también la Policía Local de la capital leonesa detuvo el robo de cable en la avenida de Peregrinos. Se llevaban 200 metros del tendido eléctrico público. Las pérdidas para el Ayuntamiento alcanzarían a estas alturas el medio millón de euros, teniendo en cuenta que la moda del momento es el robo de alcantarillado. No es la primera vez que un colegio tiene que llamar a los servicios municipales para avisar del robo de las tapas metálicas que cubren la distribución de servicios como el agua o la televisión por cable, un verdadero peligro para los escolares que transitan por estas aceras.
Las mismas fuentes indican que, aunque el robo de cable de cobre se haga en León, lo habitual es que se pele y se intenten deshacer de los restos a las afueras con un simple incendio. «Cuando vemos una columna de humo negra que no se localiza en ningún sitio donde haya neumáticos, ya sabemos que se trata de gente quemando restos de cable». Y si alguien piensa que el boca a oreja no funciona: «Ahora que ya hemos pillado a unos cuantos, empiezan a hacerlo por la noche». El fácil acceso que hay a todo el material susceptible de ser robado hace imposible un control total. No sólo eso, sino que el delito es rápido y ‘limpio’. «Si es que llegan con un hacha, cortan en un lado, en otro y tiran. A veces hasta lo dejan para ir a buscarlo en otro momento», explican.
Material «sensible». Las pérdidas económicas no sólo afectan a las administraciones públicas y al patrimonio urbano. Empresas como Telefónica, Adif o Endesa reconocen un aumento de los costes en algunas zonas como consecuencia de la desaparición de decenas de kilómetros de material. Endesa declaraba hace poco más de un año pérdidas de 4,3 millones de euros por los robos en sus instalaciones. Hoy por hoy, la firma ha decidido no volver a hacer público este «tema sensible» para evitar un posible efecto llamada.
La proliferación de estos robos tiene mucho que vez con la cotización del cobre en el mercado de materias primas de Londres, referente de precios para todo el mundo. Curiosamente, antes de que existiese la crisis económica y financiera no existía este delito o era prácticamente testimonial. A partir de entonces, el cobre ha encabezado la lista de materiales no ferrosos que más se han revalorizado alcanzando máximos históricos, probablemente por las compras masivas de China. «Hace siete años, la tonelada se pagaba a 2.000-2.500 euros; posteriormente alcanzó los 7.500 euros y actualmente se cotiza a unos 6.500 euros la tonelada», informa Javier López Miguélez, director financiero de Miguélez Cables, el fabricante de referencia en el sector de los cables eléctricos de baja tensión. Entiende que «es más una moda que otra cosa». De sus instalaciones se han intentado llevar una bobina que pesa 800 kilos. «¿Sabes la cantidad de gente que se necesita para mover una bobina de este tipo al peso?», se pregunta.
¿Compensa? En su opinión, estas actuaciones delictivas no compensan. «Tendrían que entregar entre cien y 200 kilos para sacar 400-800 euros; después se tienen que repartir el botín entre unos cuantos y exponerse a un riesgo grave con la manipulación de estos materiales». Precisamente esta empresa entrega chatarra a personas autorizadas que tienen un sistema de reciclaje. Éstas son otras de las grandes perjudicadas por la oleada de robos que se suceden desde el año 2007.
Israel se despide. No parece tan audaz como para arriesgarse a sumar una nueva condena si no hubiera alguien que le diera una buena recompensa por su metal.