Los leoneses que hicieron ‘La Pepa’

«... declaramos aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de enmedio del tiempo».

Así borraba Fernando VII, con un plumazo de su real y deseada mano, la Constitución del 19 de marzo de 1812, que había sido promulgada en la sitiada ciudad de Cádiz, en medio de una España amotinada a sangre y fuego contra Napoleón y en la que, por primera vez en la historia del país, triunfaban los principios liberales y quedaban los derechos de las personas por encima de los caprichos del monarca: con ella los españoles, a decir de los expertos, «pasaban de ser súbditos a ser ciudadanos».

Hoy, el Club de Prensa de DIARIO DE LEÓN acoge, a las 19.30, la presentación del libro León y la Constitución de 1812 , donde sus autores —los profesores de la Universidad de León Elena Aguado y Francisco Carantoña, y el investigador Carmelo Lucas del Ser— estarán acompañados por la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco; el director del periódico, Pablo Lago; y el presidente de la Fundación Sierra Pambley, Joaquín López Contreras. Un libro que recoge, además del espíritu histórico de la España y del León de la época, 26 biografías de los leoneses que hicieron posible aquel histórico cambio, tanto los siete que estuvieron presentes en la primera asamblea constituyente como los que se reunieron en posteriores Cortes marcadas por el signo de aquel texto pionero.

Y es que bajo el castizo y festivo apodo de La Pepa —por haber nacido el día de San José—, la Constitución de 1812 fue una de las más avanzadas de su época, pues contemplaba, bajo el paraguas de la soberanía nacional, derechos para entonces revolucionarios como el sufragio universal masculino, la monarquía constitucional como forma del Estado, la separación de poderes o la libertad de imprenta.

Y aunque sobre el papel La Pepa permaneció vigente dos años, la convulsa situación del país, en parte bajo un gobierno pro-francés —y el caos añadido en las colonias en Ultramar— hizo que, de hecho, sus medidas no se aplicasen más que en muy pequeña medida. Ya en su segundo aniversario, una de las primeras cosas que hace Fernando VII al regresar a España es acabar con ella... eso sí, sería rescatada poco después, en el Trienio Liberal (1820-1823), y durante un breve período entre 1836 y 1837. Pero sobre todo desbrozó el camino para posteriores constituciones y fue el primer peldaño en la larga y muy dificultosa senda que han debido recorrer los implicados en la conquista de las libertades en este país.

La profesora Elena Aguado dice sobre los representantes de la provincia en aquellas primeras Cortes constituyentes que todos ellos «destacaban en León, de lo contrario no habrían resultado elegidos; es decir, sus convecinos les reconocían como ‘personas principales’. Un reconocimiento que se debía a su notoriedad en tanto que miembros de los viejos estamentos privilegiados, el clero y la nobleza (aunque nobleza sin título, es decir, hidalguía), los mismos que venían ejerciendo dominación social sobre la mayoría de la población gracias a un régimen fundamentado en la desigualdad». De hecho, seis de los siete parlamentarios leoneses tienen ese origen; «todos menos uno, Manuel Martín, médico del Cabildo y del Hospital San Antonio Abad, que procedía de una familia de labradores», exceptúa Aguado.

Así pues, a León le correspondieron cinco diputados por cada uno de los distritos electorales —Villafranca, Ponferrada, Bembibre, Valdeburón y Babia— en que hubo de dividirse la provincia porque en su mayor parte estaba ocupada por las tropas francesas, recuerda esta experta.

Además de esos cinco, se eligió un diputado por la Junta Superior y otro más por la ciudad de León, que durante el Antiguo Régimen era de las ciudades que tenían voto en las Cortes estamentales. «Por lo tanto, fueron siete los diputados elegidos, dos de ellos como interinos (Manuel Goyanes y Miguel Alfonso Villagómez Lorenzana) hasta que se pudieran celebrar comicios en la zona ocupada por el invasor. Esta última elección llegó a celebrarse el 13 de septiembre de 1813, solo una semana antes de que la Cámara cerrara sus sesiones, por lo tanto no tuvo efecto. Uno de los elegidos en esa ocasión fue el mismo Villagómez Lorenzana, quien al final sí que resultó confirmado como diputado».

Pero, ¿qué rasgos concretos podría atribuirse a cada uno de estos representantes? «Yo destacaría al berciano Manuel Goyanes, un canónigo liberal muy convencido, que batalló contra el clero absolutista y por ello sufrió persecución con motivo de cada una de las restauraciones de Fernando VII —en 1814 y en 1823—. Goyanes ya había coincidido en la Colegiata de Villafranca con eclesiásticos liberales tan destacados como Diego Muñoz Torrero y con ellos votó en las Cortes de Cádiz, por ejemplo, a favor de la supresión del Tribunal de la Inquisición, de la libertad de prensa o de la eliminación del odiado voto de Santiago (una renta eclesiástica de las más abusivas)».

Pero sin duda la más prominente figura fue la del sajambriego Joaquín Díaz Caneja, que trasciende el ámbito local: «Más que un diputado por León es un parlamentario nacional que se implica en las grandes cuestiones del momento histórico, como la libertad e igualdad, la abolición de señoríos o la independencia del poder judicial», resalta la profesora Aguado.

Otro caso singular es el de Luis de Sosa, conocido coronel que, además de ser considerado el primer periodista de nuestra tierra por haber alumbrado El manifiesto leonés (amén de escritor, militar y activista); se vio envuelto en una rocambolesca historia que le impidió tomar posesión de su escaño: aunque León contó con siete diputados, los leoneses residentes en Cádiz llegaron a elegir a un suplente, De Sosa, pero no fue admitido por negarse a firmar su poder dos de los electores, uno de ellos Joaquín Baeza, hijo del presidente de la Junta de León, José, al que estaba enfrentado.

Y, en fin, aunque Fernando VII quiso conjurar el cambio histórico, ello no impidió que el liberalismo reformista acabara abriéndose paso en los años treinta del siglo XIX. «De hecho, ante esa situación, los sectores más inmovilistas declararon una guerra civil (primera guerra carlista, 1833-1840), que acabaron perdiendo, pero que tuvo grandes consecuencias para el futuro del país», concluye Aguado.