La reforma constitucional vuelve al armario
El PP descarta reabrir el debate sobre el cambio de la Carta Magna en esta legislatura, en la que su única prioridad es la lucha contra la crisis económica.
Ls actos solemnes que conmemoran en Cádiz los 200 años de la aprobación de ‘la Pepa’, la primera Carta Magna de la historia de España, devolverán al primer plano de la actualidad la transcendencia de las constituciones como instrumento clave en la vertebración y modernización del país.
Todos recordarán a los liberales que en 1812 acabaron con el poder absoluto de los reyes y residenciaron la soberanía en el pueblo y, sin duda, centrarán el foco en la vigencia de la más influyente de todas las constituciones españolas, la de 1978, el gran pacto político de la transición que, según el parecer general, ha garantizado el período democrático más largo de la historia de España y fijó el marco de convivencia que ha permitido la integración en Europa y el gran desarrollo económico y social de los últimos 33 años.
Lo que también quedará claro ese día es que la Constitución de 1978, que ha superado sus más de tres décadas intacta salvo por dos modificaciones mínimas —la posibilidad de que los residentes comunitarios sean alcaldes y la obligación de la estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas— lleva camino de cumplir muchos más años con la redacción original.
La reforma constitucional ha desaparecido de la agenda política española y ha retornado al armario de los asuntos no urgentes ‘sine die’, según todas las fuentes políticas consultadas.
El Gobierno y el PP, quienes marcarán la pauta los próximos cuatro años con sus amplias mayorías absolutas en Congreso y Senado, lo tienen claro. «La reforma constitucional no está en los planes de la legislatura; no tenemos intención alguna de reabrir el debate», aseguró José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo popular en el Congreso.
La razón fundamental es que las únicas reformas que el Gobierno entiende «prioritarias» en el medio plazo son las que permitan sacar a España de la grave crisis económica que la atenaza. Y la segunda, es que, según el análisis del partido, «ni existe demanda social ni urgencia ni necesidad» que justifique tocar un texto válido, que suscitó un consenso político hoy en día irrepetible, y que dio lugar a una constitución que entiende «equilibrada e integradora» y con «una clara vocación de permanencia en el tiempo».
La posición de los socialistas es distinta. Conceden que la reforma constitucional «no es urgente», pero en cambio consideran que es «necesario» adaptar el texto a la España del siglo XXI y que «no hay que dejarlo estar».