Un órgano de la Generalitat ve no «constitucional» dos artículos de la reforma laboral
Los opositores a la reforma laboral obtuvieron ayer en Cataluña una pequeña victoria. El Consejo de Garantías Estatutarias consideró que parte de dos artículos del texto legislativo referidas a la negociación colectiva y a la tutela judicial son inconstitucionales. Esta resolución se produce solo dos días después de que el PSOE confirmara que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional.
El dictamen de este órgano consultivo dependiente de la Generalitat fue solicitado por todos los partidos catalanes salvo el PP y Ciutadans. En concreto, el Consejo ve contrarios a la Constitución los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la reforma que hacen referencia a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en cuestiones de horario y cuantía salarial, entre otros, de manera unilateral por parte del empresario. También consideró que vulneran la Carta Magna los apartados 1, 3 y 6 del artículo 14 por modificar el Estatuto de los Trabajadores. El texto fija en dos años la prórroga de los convenios colectivos.
El Consejo aseguró que al limitar los motivos de impugnación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos se vulnera el derecho a la tutela judicial que recoge el artículo 24 de la Constitución. Además, también destaca que el artículo 14 invade las competencias de la Generalitat en materia de Trabajo.
Enmiendas de CiU
Las reacciones a este dictamen no tardaron. El portavoz de CiU, Jordi Turull, aseguró que su partido tratará de corregir estos aspectos a través de enmiendas en la tramitación de la ley en el Congreso. Sin embargo descartó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional a pesar de la presión en ese sentido del resto de partidos.
La oposición de izquierdas celebró la resolución y pidió al Gobierno del PP que rectifique. El PSC lo calificó como una «victoria moral» contra una ley que ataca al modelo constitucional y estatutario. Más duros fueron CC.OO. y UGT, que instaron al Gobierno catalán a acudir al Constitucional contra una reforma que «vulnera derechos básicos».