La reforma del Código Penal enfrenta a Justicia e Interior

Choque de trenes entre dos pesos pesados del Gobierno. Dos concepciones de entender la seguridad pública y el derecho penal que no son del todo opuestas, pero sí muy diferentes. La cruzada que encabeza desde hace semanas el Ministerio del Interior para el endurecimiento del Código Penal en multitud de facetas, desde la resistencia en manifestaciones a la reincidencia múltiple pasando por los pirómanos, cada vez causa más «desconcierto» entre los responsables y técnicos de Justicia.

Tras semanas de continuas propuestas en todo tipo de foros, apresurados documentos de trabajo y larvados desencuentros, el ministro del Interior admitió ayer en público y por primera vez que hay disensiones entre ambos departamentos a cuenta de la que será la reforma número 28 del Código Penal y que, según los planes de Interior, también debería abordar cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

«Es evidente y es lógico» que entre dos ministerios como Justicia e Interior haya diferencias pues uno tiene que «poner el acento en la seguridad y el otro en la libertad aunque se trate de un binomio», admitió Fernández antes de hacer hincapié en que, no obstante, los trabajos para modificar el código «van bien» y «acabarán muy bien».

Un optimismo y unas prisas que no son compartidas en Justicia, que ve precipitado presentar un proyecto de reforma antes de verano. El propio Ruiz-Gallardón ya ha dejado claro que no está por la labor de apoyar sin más la reforma estrella que plantea Interior, incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva e introducir entre las «modalidades de acometimiento» (ataque violento contra un policía) las amenazas e intimidaciones o el lanzamiento de objetos peligrosos.