Los 400 millones de remanentes que nunca fueron

Se hizo público el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a primeros de abril y saltaron todas las alarmas en el sector minero. El Gobierno no sólo desoía el clamor del carbón para mantener las ayudas públicas en los niveles anteriores, para conseguir amortizar así las millonarias inversiones realizadas antes del primer gran recorte decretado por el reglamento europeo (un 25% de las ayudas a finales del 2014).

Iba en realidad mucho más allá, con un tajazo que dejaba las ayudas al funcionamiento en menos de la mitad de las partidas del 2011, que ya habían sido recortadas de manera sensible sobre lo pactado en el Plan del Carbón, que ha guiado las inversiones en el sector minero para hacer frente a unos compromisos que, por estar firmados, creían firmes.

Desde el Gobierno, sumido desde entonces en un mar de contradicciones, se intentó dulcificar el recortazo: el Instituto del Carbón tenía un remanente (más de 90 millones sólo de los proyectos que quedaron en el cajón de Madrid y que tenían que haberse aprobado para la provincia el año pasado) con el que se completarían las ayudas.

Una partida en teoría disponible, que el propio secretario de Estado de Energía comprometió ante la comisión del Congreso de los Diputados para compensar el recorte de los presupuestos.

Esta misma semana el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, cuantificaba en 400 millones de euros el remanente disponible. Aseguró que el propio secretario de Estado, Fernando Martí, le había ratificado que se destinaría a este fin urgente.

Ayer el ministro cerró de un portazo la que durante un mes se ha barajado como solución que dejaba un margen a la esperanza de supervivencia de un sector atacado por tantos frentes que ve ya prácticamente imposible su defensa. Ni hay más dinero ni remanente.

No ha habido explicaciones, que pueden estar en los tejemanejes financieros de contabilidades que están en los libros, pero no en las cajas fuertes. El Instituto ha dejado de gastar en las cuencas 400 millones de euros, lo que no quiere decir que estén en su poder. Camuflados en el arca pública común, parecen haber encontrado mejor destino.

En la práctica, desde ayer, los famosos remanentes del Instituto no están. Ni se les espera.