El Constitucional amaga con dejar de funcionar si PP y PSOE no lo renuevan

Ya son directamente amenazas ante una situación que no tiene precedentes. El Constitucional amaga con ir a una suerte de huelga encubierta o con dejar de funcionar. Los magistrados ya no descartan ninguna medida de presión por «muy drástica que sea» a la vista de que llevan meses quejándose en todos los foros y de que nadie escuche sus demandas. Cualquier cosa para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso para renovar a tres de los doce magistrados que componen el pleno y que llevan año y medio ejerciendo en una situación de alegalidad. Y también para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y nombren al sustituto del Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008. El toque de atención no pareció surtir mucho efecto pues populares y socialistas se volvieron a culpar unos a otros del bloqueo, como hacen desde hace meses.

Como punto estrella de la agenda de ayer en el Constitucional estaba el recurso de amparo presentado por Sortu, pero hacía días que los magistrados habían decidido que no iban a ponerse a discutir sobre la suerte de la formación independentista a la que el Ministerio del Interior negó la inscripción en el registro de partidos en marzo de 2011. Había un pacto entre conservadores y progresistas para usar la expectación creada por el debate sobre la legalización o no del partido para lanzar su nueva llamada a rebato en forma de inédita nota de prensa para denunciar que el tribunal lleva cuatro años funcionando con solo once miembros y tres de ellos en situación de interinidad porque «el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde».

A diferencia de los anteriores golpes de efecto de la corte para reclamar su renovación, que hasta ahora no han tenido ningún efecto, el Constitucional llega a las amenazas puras y duras ante lo que califica de «reiterados y duraderos incumplimientos» por parte de socialistas y populares. La «advertencia» de los magistrados es que están dispuestos a «adoptar» todas «las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación».

En la reunión de este martes, sobre la mesa estuvo la doble actuación que se prepara si los dos grandes partidos no pisan el acelerador ya. La primera es la dimisión en bloque de los once vocales, que el presidente de la corte, Pascual Sala, está incluso dispuesto a aceptar habida cuenta de lo extremo de la situación.

La segunda es que Sala dé el visto bueno a la renuncia de su vicepresidente, Eugeni Gay, y de los otros dos magistrados interinos, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, dejando el tribunal con solo ocho miembros. Ese es el ‘quorum’ mínimo para tomar decisiones en pleno. Pero a partir de ahí, con que un solo magistrado se ponga enfermo o esté indispuesto o diga estarlo la institución tendría que dejar de funcionar.

La respuesta de los dos grandes partidos al sonoro toque de atención de ayer fue la misma de los últimos meses: culpar al adversario político y decir que entienden perfectamente el malestar de los juristas. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, descargó todas las culpas sobre el PSOE, a cuyos líderes hizo un llamamiento para que «dejen de utilizar la minoría de bloqueo para evitar la renovación» y se abran a un acuerdo. Soraya Rodríguez considera que se ha llegado a esta situación por la «irresponsabilidad» del PP cuando era oposición, que impidió la renovación, y por idéntica actitud ahora que es Gobierno y no toma la iniciativa.