El Gobierno encara otro frente otoñal con varios procesos judiciales abiertos
El Ejecutivo espera el juicio del ‘Prestige’, la financiación del PP valenciano y Nóos.
Mariano Rajoy, en el Palacio de Marivent el pasado martes.
Otoño se presume caliente para el Gobierno. Y no sólo en el frente económico y social. El ejecutivo de Mariano Rajoy debe decidir si pide el recate a Bruselas y pone en marcha la fase definitiva del primer préstamo bancario. Todo ello en un contexto de presumibles protestas sociales, sobre todo de los funcionarios, y con los deberes parlamentarios de sacar adelante los presupuestos del 2013, en los que se esperan duros recortes.
Con este arduo panorama encara el Gobierno del Partido Popular el próximo trimestre. Y en este horizonte, asomando como una viscosa mancha de chapapote, aparecen varios procesos judiciales que amenazan como un caramelo amargo a varios responsables del partido y traerán al recuerdo colectivo algunos de los peores momentos políticos del presidente Rajoy.
La agenda judicial la encabeza el juicio por la catástrofe del petrolero Prestige , que transcurrirá de octubre a mayo. Le siguen el avance de las pesquisas del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, con la financiación irregular del PP autonómico en la picota; otros tres casos de corrupción del partido esa región, con la alcaldesa de Alicante en el punto de mira; la citación de Esteban González-Pons por el caso Nóos’ o el comienzo del segundo juicio del caso Palma Arena, que ya dejó un condena al ex ministro Jaume Matas a casi siete años de prisión.
Diez años después de la mayor catástrofe medioambiental en las costa españolas arranca la vista oral del Prestige . Un suceso cuya gestión fue el principio del fin del Gobierno de José María Aznar, según coinciden bastantes analistas políticos. Y en el que Rajoy era por aquel entonces ministro del Interior cuando mencionó una frase para la posteridad, «hilillos de plastilina», para referirse a la fuga del petrolero.
Más allá de aquella polémica cita, decenas de testigos rememorarán en la Audiencia Provincial de A Coruña las causas del hundimiento del buque y su gestión posterior; el papel del Ministerio de Fomento y la posibilidad de que el Estado español sea condenado como responsable civil subsidiario. Se reclama por daños y perjuicios a las distintas partes la friolera de 1.264 millones de euros.
En el banquillo de los acusados, además del capitán y dos oficiales del petrolero (uno de ellos será juzgado en rebeldía), se sentará el que fuera director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors González, en el ministerio de Francisco Álvarez Cascos. El e xalto cargo del Gobierno del PP está acusado de un delito contra el medio ambiente y daños.
Financiación irregular
De forma paralela al juicio del Prestige la lupa judicial enfocará a la comunidad valenciana, con la continuación de varios procesos en fase de investigación. El más destacado es el que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra la cúpula autonómica del PP. Suma ya 26 imputados por delitos electorales, falsedad documental y prevaricación en los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel y varias empresas afines que servía supuestamente para financiar al partido.
En septiembre, el juez José Ceres continuará con la toma de declaración de testigos de la administración autonómica y empresarios imputados.
En esa comunidad continuará la instrucción de dos casos de corrupción que afectan al Gobierno de Alberto Fabra, Cooperación y Emarsa, pese a que los hechos se remontan a la etapa de Francisco Camps. Otro daño colateral para el PP nacional es el caso Nóos, sobre todo por la deriva valenciana de la trama en la que está imputado el yerno del rey. Iñaki Urdangarin firmó contratos con los gobiernos de Camps y Matas para organizar foros deportivos. Y por este asunto se espera la declaración como del diputado nacional y vicesecretario general del PP Esteban González Pons.