Buenas prácticas

El primer intento del Gobierno para atajar la avalancha de desahucios fue el decreto ley del Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras, para aplicar sobre todo a familias en riesgo de exclusión social, con pocos ingresos y con todos sus miembros en paro. Es de carácter voluntario para bancos y cajas. La norma insta a refinanciar las hipotecas a las familias que se encuentran en estas situaciones, a aplicar una quita en la deuda y en última instancia a aceptar la dación en pago de la casa. Incluso recomienda no desahuciar y permitir que las personas permanezcan dos años en la vivienda «con un alquiler razonable». La medida ha servido de poco