Lo que no aprueba el gobierno
No se cambia la ley. Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros no son ninguna modificación de las leyes que regulan las ejecuciones hipotecarias y que tanto la UE como los jueces españoles consideran «abusivas» para los deudores. El decreto establece tan sólo una moratoria en el desalojo de las familias de sus casas por un plazo de dos años y únicamente para las familias más vulnerables.
Viviendas de desahuciados. El Gobierno de Rajoy crea «un parque de viviendas destinadas al alquiler», con una renta «baja y razonable» para personas que se han quedado sin vivienda. El Gobierno no aclara quiénes podrán beneficiarse de esos pisos, ni el número de viviendas ni cuándo podrían ser ocupadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se limitó a informar que son casas adjudicadas por impagos a las entidades bancarias «incluidas las del fondo de reestructuración bancaria (Frob)».
No tiene carácter retroactivo. Las familias que hayan perdido ya su casa no la recuperarán. Ni siquiera aunque cumplan los requistos del decreto. Sólo podrían acogerse a una de las viviendas de alquiler bajo.
No habrá dación en pago. La entrega de la casa no saldará la deuda. La principal reivindicación de los colectivos afectados y de los que defienden a los desahuciados no ha sido atendida por el Gobierno. El ministro De Gundio: «Las deudas y los intereses hay que devolverlos».
No se varían los intereses de demora. El decreto no fija un límite máximo para los intereses de demora, que aumentan la deuda en el mismo momento en se deja de pagar la cuota. Suelen ser 10 puntos superiores. El Gobierno aseguró que este punto se podrá mejorar en la tramitación parlamentaria. El PSOE exige que no sea más de 2 puntos.
No se varía el valor de tasación. La tasación de las viviendas seguirá invariable. Los jueces también consideran esta medida abusiva. El PSOE exige que el valor de tasación en las subastas no pudiera ser inferior a la tasación sobre la que el banco concedió el préstamo.
Un código no obligatorio. El Gobierno modificará los umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas pero seguirá siendo de carácter voluntario para las entidades y no tendrá rango de ley.