Imputados tres cargos de Madrid 2016 por dar 144.000 euros a Urdangarín
El Gobierno valenciano se persona como acusación en el caso Nóos para cobrar.
La infanta Cristina sale de su casa de Pedralbes.
El epicentro de la investigación del caso Nóos pasó por unas horas a Madrid. El juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach se desplazaron a la capital para interrogar como imputados a tres exaltos cargos madrileños del proyecto olímpico Madrid 2016 por entregar 144.000 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social —la fundación sucedió a Nóos y que fue usada supuestamente para evadir capitales— por trabajos que presuntamente no se llevaron a cabo. Se trata de la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, el director financiero de aquel proyecto, Gerardo Corral, y el ex director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa.
La pista sobre la existencia de este convenio madrileño supuestamente irrregular la dio Jaume Matas sin quererlo. El ex presidente balear solicitó al magistrado que pidiera al Ayuntamiento de Madrid toda la documentación sobre el convenio de Madrid 16 para demostrar el «prestigio» que Urdangarin tenía en el mundo del deporte y que contratar con él era algo que hacían asiduamente otras administraciones.
Casi un año y medio después de que comenzara la instrucción del caso Nóos, la Generalitat valenciana, que firmó cuatro contratos con Iñaki Urdangarin y Diego Torres por valor de cerca de 3,5 millones de euros, ha decido personarse como perjudicada para intentar recuperar el dinero que, según la Fiscalía, el duque y su exsocio cobraron ilícitamente.
Una decisión difícil
La personación del Gobierno de Valencia no ha sido ni mucho menos fácil. Incluso el propio juez, José Castro, tuvo que instar al Ejecutivo de Alberto Fabra a participar en el proceso porque siempre había sido reticente a acusar al yerno del Rey.
La negativa hasta ahora de la Generalitat de reclamar daños a Urdangarin había llegado al «absurdo jurídico», en palabras de Anticorrupción, de fijar una fianza civil millonaria, de la que más de la mitad se derivaba de convenios en Valencia, cuya administración seguía dando los acuerdos por buenos al no denunciarlos. Hasta que ayer el Consejo dio autorización a la Abogacía de la Generalitat a personarse en el caso Nóos, pero solo en la vía civil (no será acusación penal como sí lo es Baleares) y solo para tratar de que se le devuelva el dinero de los tres Valencia Forum celebrados entre el 2004 y 2006, cada uno costó al erario público 1.044.000 euros, y de la promoción de los fallidos Juegos Europeos (380.000 euros).
El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, quiso dejar claro que la personación del Ejecutivo responde exclusivamente a «la supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos» y no a posibles irregularidades que cometiera el equipo de Francisco Camps, ya que considera que los convenios eran «administrativamente correctos» y «avalado» por un «informe favorable de la Abogacía de la Generalitat».