El precio ¿justo? de la discapacidad

Que cada persona pague en función de sus ingresos y patrimonio es el objetivo del decreto de precios públicos que acaba de entrar en vigor para las 916 plazas concertadas en centros de discapacidad en la provincia de León.

Esta nueva norma ha supuesto que Sofía, de 26 años y afectada por parálisis cerebral, pague 300 euros más al mes por las plazas que utiliza en el centro de Aspace en León, la residencial y la de centro de día. «No me parece justo: ella no ha tenido una subida de la pensión proporcional y los gastos son los mismos», apunta su madre, Juani Santacruz.

«El decreto unifica y homogeniza el cálculo de la capacidad económica del usuario. Sólo computará la renta y el patrimonio personal del solicitante, y no del núcleo familiar», explica el gerente de Servicios Sociales de León, Carlos Miller.

«La medida beneficia a las personas con rentas más bajas», agrega. Sin embargo, la Junta todavía no tiene hecho el cálculo del impacto que el nuevo sistema tiene en las familias. Es decir, si en términos globales beneficia a más personas con menos recursos o por el contrario, grava a un mayor número de personas usuarias. «Aún están en período de subsanación o revisión de la aportación correspondiente», precisa Miller.

No es el caso de Sofía. «Fui a la gerencia y me comprobaron que el cálculo estaba bien hecho», explica la madre. La joven tiene una ayuda como gran dependiente —necesita ayuda permanente aunque comprende y lo muestra con señas— y una pensión de orfandad. Con el nuevo precio le quedan 1.300 euros al año para sus gastos personales. Hasta ahora pagaba el 75% de sus ingresos anuales.

 

Reclaman más del 20%

Sin embargo, un 20% de las resoluciones que afectan a personas con discapacidad atendidas por Asprona en León han sido recurridas por entender que ha habido errores de cálculo, explica el coordinador de centros, Pedro Barrio.

En Alfaem, de las 30 plazas concertadas en centros de día y viviendas han detectado cálculo erróneo en aproximadamente el 28% de los casos. Los errores se deben en la mayor parte de los casos a la atribución de patrimonio que no les corresponde. Se trata de casos en los que por algún motivo a la Junta le ha resultado difícil hacer el cálculo de la capacidad económica y han aplicado las cuantías máximas.

El mínimo garantizado varía de unas discapacidades a otras. Si en el caso de una persona con parálisis cerebral, como Sofía, es de 108 euros mensuales, para las personas con enfermedad mental esta cuantía se ha estipulado en 222 euros al mes frente a los 260 que tenían hasta ahora, explica Rosa Conde, gerente de Alfaem. ­

La mayoría de las personas que atiende Alfaem son beneficiarias de una pensión no contributiva de 364,90 euros al mes en catorce pagas. La diferencia es que ahora aportarán por las 14 pagas y no por 12 como se venía haciendo hasta ahora.

Bajas insignificantes

«Esta nueva modalidad de cobro ha generado incertidumbre, pero el volumen de bajas en nuestros centros por causa de esta medida es insignificante. Tan sólo hemos tenido dos o tres casos», precisa.

El cálculo se ha hecho en base a los ingresos del 2011, el último ejercicio declarado de IRPF, por lo que en algunos casos no se corresponde a la situación real actual de los usuarios. Elprecio de un centro de día es de 22,63 euros al día y de 43,12 para grandes afectados; el fijado en viviendas y residencias asciende a 29,88 euros/día para los dependientes moderados o ligeros y a 48,97 para los grandes dependientes que lo utilizan todos los días del año.

La tarifa es superior para los que tienen plaza de lunes a viernes y la persona presenta alteración de la conducta se eleva a 110 euros.

En Asprona corroboran que «hay familias que han salido beneficiadas», pues debido a los escasos ingresos de los usuarios tienen «incluso plaza gratuita» y otras que por su capacidad económica «se han visto afectadas por una subida considerable» en la aportación mensual.

Para obtener el precio del copago de la plaza —nadie pagará más del 90% del coste total de cada plaza— se aplica una fórmula matemática progresiva. El nuevo sistema elimina el papel de intermediarias que hasta ahora ejercían las asociaciones de personas con discapacidad al ser la Gerencia de Servicios Sociales la que se ocupa de la gestión tanto del cálculo de la aportación de cada usuaria como de su cobro mensual.

Hasta ahora la aportación de las personas con discapacidad al coste de estas plazas era «lineal», según el gerente de Servicios Sociales de la Junta en León. Las asociaciones «hemos perdido capacidad de gestión ante las familias» como por ejemplo «becar» a las personas con menos recursos económicos. Según la nueva norma no va a ser necesario.

La entidad con más usuarios afectados por la entrada en vigor del decreto de precios públicos es Aprona León que cuenta con 560 plazas concertadas en entre centros de día, residencias y viviendas.

Asprona, veterana

Esta asociación fue fundada hace ya casi 50 años —un grupo de familias la pusieron en marcha en 1964— y cuenta con una amplia red de servicios para atender a personas con discapacidad intelectual, desde gravemente afectadas a personas que trabajan en sus centros especiales de empleo con un alto nivel de integración social y laboral.

Asprona León cuenta con 12 centros de día, tres residencias, doce viviendas tuteladas y varios centros ocupacionales en León y Quintana de Raneros. Además lleva a cabo una serie de programas generales que se transfieren a los centros como son las vacaciones, los talleres semanales de danza y teatro, servicios de respiro para las familias y talleres para madres y padres, explica Pedro Barrio.

A lo largo de estos años se ha producido una evolución continua en la forma de prestación de los servicios. Hasta los años 80, las plazas eran totalmente privadas. A partir de esta década se empezaron a conseguir las primeras líneas de financiación pública con convenios de mantenimiento que asumían hasta el 75% del coste de la plaza.

El sostén del concierto

Fue en el año 2007, con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, cuando se inició el proceso de concertación de plazas en los centros de personas con discapacidad. En 2007 se concertaron las plazas de personas gravemente afectadas y se continuó con los severos en el 2009. En el 2011 entra en vigor el decreto de copago por el que los usuarios están obligados a pagar en función de sus rentas.

«La concertación es la única forma de sostenibilidad de estas plazas», precisa Barrio. De la misma opinión es Alfaem, si bien matiza que el nuevo sistema genera cierta «incertidumbre y ralentiza la planificación». «Pagamos 3.900 euros en alquiler de las viviendas y en eso tenemos que ser puntuales», precisa.

Asprona Bierzo es la segunda organización social con más plazas concertadas para personas con discapacidad, con un total de 178, seguida de Aspace en León que cuenta con 104 plazas en sus centros de día (64) y residencias (40). «En estas 110 plazas atendemos a 88 personas ya que algunas son usuarias de dos plazas», explica la trabajadora social de Aspace, Esther Lozano.

Revisiones

Hasta ahora, en los centros de día cobraban a los usuarios el 25% de la pensión y a las personas que usaban además residencia el 75%. «Ahora todas las familias pagan en función de su capacidad económica, según la resolución de la Gerencia de Servicios Sociales. Si alguna cree que está desajustado pueden hacerle de nuevo el cálculo y tienen la posibilidad de hacer un recurso», agrega.

El gerente de Servicios Sociales de León subraya que no ha recibido «quejas como tales, en tal caso reclamaciones de revisión de la capacidad económica de las personas beneficiarias».

También tiene plazas concertadas como centro de discapacidad Cáritas Diocesana de Astorga, 22 en centro de día y otras tantas en residencia. En total la Junta dispone de 916 públicas en concertadas con estos centros: 640 en centros de día, 199 en residencias y 77 en viviendas.