El juez de Nóos quiere pedir a Valencia la imputación de Barberá y Camps
Enviará al tribunal superior una exposición razonada contra ellos por prevaricación.
El juez Castro, en primer término, a la entrada de los juzgados en una imagen de archivo.
Iñaki Urdangarín podría tenerse que enfrentar a dos juicios públicos. Uno en Baleares y otro, posterior, en Valencia. El juez del caso Nóos, José Castro, con el beneplácito de la Fiscalía, tiene intención de remitir, una vez acabada la instrucción del sumario esta primavera, o incluso antes, una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV). En ella le pedirá que instruya una causa por prevaricación contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el ex presidente Francisco Camps y, al menos, otros cuatro altos cargos de las administraciones de esa comunidad. De aceptar los jueces valencianos la petición, el duque de Palma y su ex socio, Diego Torres, volverían a sentarse en el banquillo.
Según desvelaron fuentes de la investigación, tanto el magistrado como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios suficientes para imputar a todos ellos por los cuatro contratos a dedo a Iñaki Urdangarín y a su instituto Nóos entre 2004 y 2006, que supusieron a las arcas públicas 695.403 euros.
El magistrado tomó la decisión después de escuchar en febrero pasado las declaraciones del propio duque de Palma y de Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgió después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá.
La alcaldesa ha venido insistiendo en las últimas semanas que ella no «firmó» nada ni «dio a dedo nada al Instituto Nóos». Barbera sostuvo siempre que fue la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau «quien tomó la decisión» de hacer los Valencia Summits y que esta fundación es «una entidad de carácter privado».
Anticorrupción cree que la adjudicación directa de esos eventos saltándose todas las normas solo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.
Castro, en el extensísimo auto del 30 de enero en el que aceptaba la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarín y Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno valenciano y el consistorio con Nóos «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y, en este caso, al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarín».
Tanto Barberá como Camps son diputados autonómicos y gozan de aforamiento, por lo que el juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca no puede imputarlos. Una vez que se inhiba de esa parte del sumario Nóos, será el tribunal superior valenciano el que, a la vista de los datos que le aporte el juzgado mallorquín, decida si sienta en el banquillo a la alcaldesa y al ex presidente junto a Urdangarín y Torres.