Rajoy no tiene nada que decir sobre Bárcenas
Mariano Rajoy aseguró ayer, durante su visita a Francia, que no tiene absolutamente nada más que añadir sobre el caso Bárcenas a lo que ya dijo en su discurso ante la dirección del PP el 2 de febrero, tres días después de que se publicasen los manuscritos del extesorero con la supuesta contabilidad B del partido, cuando negó que él o su partido hubiesen recibido dinero negro o tuviesen una contabilidad oculta.
Pese a que desde entonces se ha conocido que Bárcenas llegó tener 38 millones en Suiza y no 22, que el PP le mantuvo en nómina hasta hace dos meses, que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por presunta financiación irregular, y que ya están imputados tres de los extesoreros de la formación, en otras novedades, Rajoy indicó que ya dio todas las explicaciones políticas y personales que considera necesarias y que, ahora, «estamos a lo que decidan los tribunales de Justicia».
Diligencias del Gürtel
La defensa de Luis Bárcenas reclamó ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la anulación de todas aquellas diligencias efectuadas en el caso Gürtel a partir de las grabaciones originales remitidas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas a la Fiscalía Anticorrupción y que permitieron la desarticulación de la trama corrupta en febrero de 2009.
El abogado del extesorero se adhirió a la petición del letrado del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, con la que solicitó la semana pasada que se declaren nulas todas las grabaciones efectuadas por Peñas, lo que en la práctica supondría anular el grueso de la investigación.
El escrito ya está en el juzgado de Ruz y ahora el instructor deberá de resolver la petición, a la que se han sumado, además, otros imputados. El primer denunciante del caso Gürtel grabó de manera subrepticia a varios de los investigados como Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, o la considerada administradora de varias empresas de la red, Isabel Jordán, en unas reuniones mantenidas durante los años 2006 y 2007.
El argumento de las defensas es que constituyen una «prueba ilícita que lesiona su derecho a la mitad» y se basa en recientes sentencias del Tribunal Constitucional que anulaban el uso de cámaras ocultas en investigaciones periodísticas.
El juez Ruz recibió ayer la documentación que requirió al PP, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria, salvo algún dato específico que será remitido más adelante.