Investigación a fondo del patrimonio

José Castro no va a tirar la toalla tan fácil. Aunque Hacienda, los servicios jurídicos del Estado y la propia Fiscalía Anticorrupción se opongan, el juez del caso Nóos no está dispuesto a dejar de investigar hasta qué punto la infanta Cristina pudo ser cómplice o cooperadora de los delitos fiscales o blanqueo de capitales de su marido. Esos son los únicos ilícitos que la Audiencia Provincial de Palma ya ha advertido que le permitiría imputar a la hija del rey si es que encuentra indicios.

Un día después de conocer que la Agencia Tributaria, tras analizar las últimas diez declaraciones del IRPF de Cristina de Borbón, prepara un informe exculpatorio sobre ella, el magistrado dinamitó la estrategia de Hacienda al ordenar a ese departamento que haga una investigación más profunda de la que estaban realizando los técnicos del fisco y que esperaban poder entregarle a principios de junio para cerrar así la puerta a la imputación.

Castro echó por tierra cualquier intento de finiquitar ya la investigación sobre la infanta y ordenó a la Delegación de Hacienda en Cataluña que no se quede en las declaraciones de la renta, sino que someta a la esposa de Urdangarín a un exhaustivo examen económico y fiscal, una suerte de investigación integral de todo su patrimonio a la búsqueda de cualquier indicio de irregularidad que sirva para acusarle y llamarle a declarar. La Agencia Tributaria debe entregarle un informe en el que deben constar todas las cuentas corrientes en las que la duquesa de Palma sea titular o apoderada. Además, reclama información de todos «los bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular».