La Junta baraja la opción de una gestora para certificar la defunción de España-Duero

La desaparición de Caja España-Duero es la crónica de una muerte anunciada que nadie quiere certificar. El consejo de administración del lunes, que debe levantar el acta de defunción, se prevé más que complicado, hasta el punto de que es posible que la reunión no disponga del quórum suficiente para acordar la transformación de la entidad autonómica en una fundación.

De darse el caso de que el consejo no pudiera acordar la extinción de la caja y, en consecuencia, tampoco ratificarla la asamblea, la pelota quedaría en el tejado del consejero de Economía. Aunque a Tomás Villanueva no parece que le apetezca mucho un plato de tan mal gusto, quedará en su mano la designación de una comisión gestora que pilotará el nacimiento de la fundación. Según fuentes consultadas por este periódico, la Junta trabaja ya con esta hipótesis e, incluso, con un posible pacto con la oposición socialista para ‘repartir’ los miembros del patronato.

El nerviosismo en torno a la cita del lunes ha cundido tanto en el seno de la entidad como en los despachos de Economía. Todo ello en un entorno hostil, con los preferentistas en pie de guerra por la imparable devaluación de los ahorros que confiaron en su día a la Caja y Comisiones Obreras, y con su batalla en la Audiencia Nacional contra el acuerdo de despido colectivo.

A la reunión del lunes están citados los 24 consejeros que todavía no han presentado su dimisión, como han venido haciendo en fechas sucesivas los diez restantes. Para que exista quórum, será preciso que acudan un mínimo de 18, la mitad más uno.

Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, alcanzar esta cifra puede resultar difícil. El temor a ser los notarios de la defunción de España-Duero, surgida de sucesivas fusiones de entidades, algunas de ellas centenarias, puede retraer a más de uno.

Aunque hay quien apela a la responsabilidad para no faltar a la reunión en estos momentos difíciles, como lo hicieron en los de bonanza, algunos miembros del consejo han confirmado a este periódico que no tienen intención de acudir. Una cita que, de otro lado, no está convocada en Botines, sede oficial de la entidad, sino en el edificio del Portillo, a cuyo interior se puede acceder en coche. Los consejeros podrían evitarse el mal trago de encontrarse a la puerta con protestas de preferentistas, como ya les ha ocurrido en ocasiones con empleados de la propia entidad.

En el caso de que el consejo de administración avalara la transformación de la caja de ahorros en fundación. Ésta debería ser ratificada por la asamblea, cuya convocatoria ha sido anunciada para este mismo mes, ya que el plazo concluye el día 30. La asamblea está integrada por 320 miembros y sus acuerdos también precisan la asistencia de la mitad más uno. Aquí pueden producirse de igual modo deserciones, siguiendo la tónica de los últimos meses, dado que en este órgano, como ocurre en el consejo, ya no se cobran dietas.

Si este proceso no culmina de acuerdo con los cauces reglamentarios, corresponderá al consejero de Economía designar una comisión gestora, que será la encargada de certificar la extinción de Caja España -Duero.

Esta solución última no sería del gusto del responsable de Economía, por cuanto suponer aparecer como el ‘liquidador’ de la última caja de ahorros de Castilla y León. Pero, de otro lado, Villanueva tendrá en su mano pilotar el nacimiento de la Fundación Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria y Monte de Piedad, encargada de dar continuidad a la obra benéfico-social que hasta ahora desarrollaba la caja.

Fuentes de la entidad indicaron que, si llega a formarse, la gestora dispondrá de cinco meses para constituir la fundación y su patronato, integrado por 20 miembros. Respecto a este último, las mismas fuentes informaron de que puede ser objeto de negociación entre la Junta y el PSCyL, encabezado por el presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, y el portavoz de los socialistas de Castilla y León en las Cortes, Óscar López. No obstante, los patronos, de acuerdo con los futuros estatutos, no podrán ser cargos públicos ni políticos.

El orden del día del consejo del lunes incluye la aprobación del presupuesto de la Obra Social para este ejercicio, que asciende a 4.088.000 euros. De esta cantidad, el grueso es para gastos corrientes, de personal y de mantenimiento, por lo que apenas quedará 1,4 millones de euros para las actividades.