Diario de León
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mateo balín | madrid
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Aunque no estén en el primer plano de la crónica judicial, la investigación de los papeles de Bárcenas sobre las direcciones territoriales del PP avanza y podría salpicar a varias autonomías y provincias gobernadas o que fueron gobernadas por los populares. En caso de que el juez Ruz vea un solo indicio contra aforados de esos lugares se inhibiría y enviaría la pieza separada al tribunal superior respectivo.

El panorama es el siguiente; Ruz ya pidió en mayo a la tesorera nacional Carmen Navarro los libros de contabilidad de las sedes de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla, en periodos que van desde 1997 hasta 2008. La clave es conocer si el PP en esos territorios recibió alguna donación de empresas con las que contrató la administración autonómica o provincial.

Con las nueve carpetas con la contabilidad secreta del e tesorero, Ruz ha podido apuntalar piezas como la de Castilla-La Mancha, quizá la más avanzada, en la que aparecen recibís firmados por aforados de esa comunidad en la que admiten haber entregado a Bárcenas una comisión por la adjudicación de una contrata al Ayuntamiento de Toledo y para pagar la campaña de Cospedal en el 2007. El juez también tiene encima de la mesa indicios, bien a través de la declaración de Bárcenas o de sus papeles secretos, de que empresarios vascos pagaron campañas del PP en Euskadi, un contrato del Ayuntamiento de Vitoria, una obra en la sede del PP de La Rioja, una operación comercial del PP de Tenerife, la deuda de los populares gallego, operaciones de constructoras en Málaga y donativos en campañas de Cantabria. La investigación de estos casos está más verde.

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