El desafío de una deuda para 20 años

No es una cuestión de doce meses. En el Ayuntamiento de León los retos del 2014 son un bucle de 2013, de 2012, de 2011... La repetición de unas metas en las que la refinanciación de la deuda lastra el balance. Un rémora de más de 323,5 millones de euros que habrá que enjugar al menos durante 20 años. Dos décadas. El tiempo que reclama el equipo de gobierno al Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, para que la amortización del débito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sea asumible. Un trago de no más de 30 millones de euros en cada presupuesto destinado devolver lo adeudado que pueda conjugarse con un gasto corriente de 99 millones de euros, dentro de unos ingresos corrientes de 132 millones de euros. Un resquicio mínimo para mantenimiento de la ciudad e inversiones, mientras que se busca que el Estado, aunque también la Junta, mantengan el pábulo para que no se frenen las infraestructuras que hay en obras: el Palacio de Congresos, Exposiciones y Recinto Ferial y la integración del ferrocarril de vía estrecha de Feve.

Un panorama a pesar del cual el alcalde, Emilio Gutiérrez, asegura que el su mayor deseo pasa por que «los ciudadanos vean satisfechos sus deseos, sobre todo en cuanto a la creación de empleo». «Sé que no tenemos competencias para ello , pero nos volcaremos en cualquier iniciativa para solucionar las situaciones de familias en las que no tienen ni para comer; una cosa que me golpea continuamente», concede.

Pese a estas obras que ponen la cara a la gestión, los esfuerzos del consistorio se centran en buscar un calendario de pagos estable para poder devolver los 323,5 millones: 174,1 millones solicitados a través del ICO, 49,7 millones del remanente negativo de tesorería, 66 millones de operaciones de financiación a largo plazo, 11,8 millones pendientes de devolución de los tributos del Estado cobrados por exceso en el 2009 y 2010 y 12,2 millones del Palacio de Congresos.

La cuenta reposa sobre la mesa del Ministerio de Hacienda. El departamento al que los responsables del consistorio han peregrinado hasta en 3 ocasiones durante 2013 para que les permitan financiar la devolución de los 174,1 millones del ICO a 20 años, en lugar de a 10, como está fijado en estos momentos, más dos de carencia. Un horizonte del 2022 en el que el Ayuntamiento defiende que encontraría la flexibilidad suficiente para mantener la prestación de servicios actuales sin acudir a más recortes, gracias a un tipo de interés al precio que se financia el Tesoro Público —que estima un precio del dinero del 4%— que haría que se tuvieran que afrontar cerca de 90 millones de euros extra con los bancos por el préstamo de los fondos. El escenario más halagüeño que se pinta desde los servicios económicos, que esperan que la ley de reforma de las administraciones le pueda liberar de algunas competencias o, al menos, aumentar su financiación, como el caso de la residencia de ancianos o las escuelas infantiles.

Pero para poder asentarse en este cuadro de amortizaciones resulta imprescindible que el Gobierno haga un gesto. Una muestra en forma de decreto o permiso, consensuado con la Consejería de Hacienda de la Junta, para que el Ayuntamiento pueda dar carta de autoridad a la refinanciación de la deuda con el ICO, amparado en el cumplimiento de un plan de ajuste que en apenas dos años ha conseguido dejar 178 millones de gasto en poco más de 128 millones. El aval de seriedad con los que los responsables del área económica, dirigida por Agustín Rajoy, han buscado en el mercado financiero la fórmula para que los bancos admiten un nuevo crédito al margen del ICO para los 49,7 millones de remanente negativo de tesorería: 10 millones de deuda con Gersul, 2,5 con el consorcio del aeropuerto, sentencias judiciales pendientes como los 14,6 de los almacenes municipales, o pagos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores.

Más que un reto, una norma de funcionamiento para el Ayuntamiento que habrán de respetar cinco corporaciones.