Los críticos del PSC llevan el pulso a Navarro hasta sus últimas consecuencias

Si Pere Navarro quería que los tres diputados que el pasado jueves rompieron la disciplina de partido le ahorrarsen el trago de decidir sobre su expulsión, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear a continuación para la cohesión del PSC, se equivocaba. A pocas horas de que acabara el plazo que él mismo dio a Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Núria Ventura, para que entreguen sus actas parlamentarias, los díscolos dejaron constancia de su su intención de mantener el pulso. De nada sirvió la apelación al «honor» que el primer secretario de los socialistas catalanes lanzó el sábado, durante su participación en el Comité Federal del PSOE.

Si el día anterior había sido Elena —tras reunir a la cúpula de Avancem, la corriente interna que lidera— el que advirtió de que no tiene intención de abandonar de forma voluntaria el grupo parlamentario del PSC en la cámara autonómica, ayer fue Geli la que dejó claro que no dará su brazo a torcer fácilmente. La diputada catalanista argumentó que más de 1.500 simpatizantes del partido han firmado el manifiesto que, bajo el título crida socialista pel referèndum (‘llamamiento socialista por el referendum’) respalda su decisión, y la de resto de ‘díscolos’, de votar junto a CiU, ERC e ICVla petición al Estado de la competencia exclusiva para convocar referendos. «¿Qué les dirán?», cuestionó en Catalunya Ràdio.

El matiz

El escrito, colgado en la web socialistaspelreferendum.cat , alega que Geli, Elena y Ventura simplemente se negaron a incumplir su compromiso electoral. La dirección del PSC discrepa. El programa con el que los socialistas catalanes se presentaron a las elecciones de noviembre de 2012 hablaba del trillado «derecho a decidir», pero sus principales redactores recuerdan que siempre se habló de una consulta acordada y no unilateral. Textualmente, aquel contrato con el electorado abogaba por una reforma federal de la Constitución y defendía que los ciudadanos de Cataluña pudieran decidir «libremente» sobre «cualquier propuesta de cambio sustancial de las relaciones entre Cataluña y España acordada entre las instituciones catalanas y españolas —matiz clave—, a través de un referéndum».

En todo caso, lo que ahora paga Navarro es el precio de una ambigüedad calculada que durante años guió el proceder, no sólo de su formación sino también de CiU. Actitud que en un ambiente político radicalizado, como el que hoy vive Cataluña, ha dejado de ser posible.

Consciente de ello, el pasado 17 de noviembre decidió reunir el Consell Nacional del partido, el máximo órgano de decisión entre congresos, para definir una posición clara y evitar el desgaste de la discusión contínua cada vez que hubiera un debate delicado en el Parlamento. En votación secreta, como refuerzo de su legitimidad, el 80% decidió rechazar «cualquier propuesta o iniciativa legislativa relacionada con la consulta que no haya sido previamente negociada y acordada con el Gobierno de España». Y en esa categoría entra la exigencia de la competencia para convocar un referéndum. PP y PSOE ni siquiera consideran que esa titularidad sea delegable porque afecta, subrayan, a la soberanía nacional.

Ahora Navarro debe decidir si lleva su nueva estrategia política hasta las últimas consecuencias. Y los críticos cuentan con que no se atreverá.