La «estructura piramidal» de la Junta promovió el fraude

La juez del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía insistió en un nuevo auto la tesis que sostiene su investigación: la cúpula del Ejecutivo autonómico entre 2001 y 2010 auspició y promovió la implantación de un sistema ilegal de concesión de ayudas que se mantuvo en el tiempo, al menos una década, y provocó cuantiosas modificaciones presupuestarias ante el desvío de fondos públicos.

En el nuevo auto, la juez Mercedes Alaya ahonda en la existencia de una «estructura piramidal», y por tanto organizada, formada por altos cargos políticos y técnicos de la Junta a los que, sin poner nombre, señala otra vez como máximos responsables de lo ocurrido al amparar el uso del sistema de transferencia de financiación para fines distintos de los previstos por la ley. Y explica que tanto estos actores como los intermediarios que facilitaban la obtención y tramitación de las subvenciones se repiten de forma continua en los distintos expedientes de ayudas a empresas o subvenciones sociolaborales que se investigan, de ahí que podrían derivarse responsabilidades criminales para las mismas personas. Todo ello, dice la juez, obliga a que la causa tenga que ser instruida como una unidad y sea «inescindible».

La juez utiliza este argumento para rechazar la petición de un imputado, una de las intrusas descubiertas en un ERE, para separar la denominada «trama política», las decisiones de la administración que acabaron traducidas en modificaciones presupuestarias, de la referida a la inclusión de personas ajenas en los expedientes de prejubilación. Una separación reclamada también por la Fiscalía Anticorrupción dado que permitiría agilizar la investigación y darle un acelerón a un proceso que acumula más de 150 imputados, algunos de los cuales han sido citados a declarar tres años después del inicio de las diligencias.

Lejos de conceder esa petición, Alaya insiste en que todas las piezas están vinculadas y reprocha a la imputada que no solo no se mantuvo al margen de esa trama política sino que «se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos -como así se deduce de la declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero- para conseguir elevadas subvenciones». Y asegura que la imputada tuvo conocimiento de que las subvenciones «se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, el fin público o el interés social» de tales ayudas públicas.