La Fiscalía pide imputar a los que dieron las ayudas de los cursos para parados
La Fiscalía de Málaga solicitó ayer al juzgado que instruye el fraude sobre los cursos de formación, conocido como caso Edu, que cite a declarar en calidad de imputados a los cargos públicos de la Junta de Andalucía y funcionarios de la administración encargados de dar las ayudas bajo sospecha, así como a los responsables de las entidades que recibieron los fondos. La investigación policial destapó que algunas entidades cerraron nada más recibir el dinero, otras no impartieron los cursos, lo hicieron con listados falseados de alumnos o incumplieron el compromiso de contratar a los asistentes.
Las diligencias llegaron al juzgado número 8 de Málaga esta misma semana, al entender el Ministerio Público que de las averiguaciones policiales se desprendían «indicios de responsabilidad penal». La Fiscalía explica que los hechos investigados podrían constituir presuntamente delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.
En este sentido, considera que las primeras comparecencias deberían ser de los responsables públicos encargados de otorgar las ayudas, aunque sin mencionar puestos o nombres, así como los responsables de las empresas investigadas. Los agentes de policía han realizado ya cientos de interrogatorios, incluidos los de varios alumnos que nunca recibieron las clases.
Una investigación de la sección de Seguridad Social de la Udef sacó a la luz las irregularidades.