Mas ignora la orden del Constitucional y no suspende la consulta del 9-N

El manido choque de trenes se vislumbra a la vuelta de la esquina. El Tribunal Constitucional acordó por unanimidad suspender la segunda votación del 9 de noviembre y el Gobierno catalán anunció que desobedecerá y mantendrá la consulta. El Ejecutivo de Artur Mas además no se quedó ahí y demandará ante el Tribunal Supremo al Gobierno central por vulneración de sus derechos fundamentales. La Moncloa, sin embargo, insiste en que todo es teatro y Mas se echará atrás y no habrá 9-N, al menos como estaba diseñado.

Los Gobiernos central y catalán mantienen el pulso. Ninguno da muestras de ceder aunque si alguno lo hace ese será el de la Generalitat cuando reciba la providencia aprobada por el Constitucional en la que se suspenden todos los preparativos para la votación de este domingo y la consulta ciudadana sobre la independencia de Cataluña. La corte apenas tardó un par de horas en llegar al acuerdo. Fuentes cercanas al tribunal, sin embargo, apuntaron que los 12 magistrados no están cómodos en el papel de cancerbero de la legalidad en este caso concreto.

Preferían, dicen estas fuentes, que el Gobierno no hubiera presentado un nuevo recurso porque consideran que su decisión del 29 de septiembre respecto a la primera consulta era un instrumento jurídico suficiente para impedir la segunda. Hay división en el Constitucional sobre el contenido de la nueva impugnación y no todos los magistrados comparten todos los argumentos del Gobierno. El pleno de la corte, sin embargo aprobó por unanimidad esta segunda suspensión, no porque estén de acuerdo con el fondo del recurso sino porque no apreciaron defectos formales y lo admitieron a trámite lo que implica la automática cancelación de la votación.

Una muestra de ese malestar es que el tribunal no atendió el requerimiento de la Abogacía del Estado para que hiciera una advertencia expresa a Mas de que está obligado a cumplir sus resoluciones, y que si no lo hace será sancionado. El Constitucional tampoco ordenó, por ejemplo, la clausura de la página web ‘participa2014.cat’, en la que los ciudadanos se inscriben para votar y reciben respuesta sobre su punto de votación. La corte, de todos modos, tampoco estuvo de acuerdo con la demanda presentada el lunes por el Gobierno de Cataluña para que no aceptara el recurso del Ejecutivo de Rajoy y no la admitió a trámite.

El Constitucional volvió a invocar el artículo 161.2 de la Carta Magna para «suspender los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, fecha de interposición del recurso), así como «las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella». El tribunal da 20 días de plazo al Gobierno catalán para que presente alegaciones contra su decisión, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y el Diari Oficial de la Generalitat. Ayer mismo comunicó su resolución al presidente catalán.

A pesar de la respuesta del Ejecutivo autonómico en La Moncloa están «convencidos» de que el presidente catalán no llevará hasta las últimas consecuencias sus palabras. Fuentes próximas a Rajoy señalaron que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, impugnar» y apuntaron que no veían a Mas haciendo recaer toda la responsabilidad en los funcionarios y voluntarios que se presten a colaborar en la consulta. «No dará ese paso» y el domingo «no habrá votación», afirman en el entorno del presidente.

Una certeza que contrasta con la convicción y la contundente respuesta del portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs: «La Generalitat mantiene el proceso participativo (la consulta) con todas las consecuencias. Todo está a punto para el 9-N». El consejero informó además de que el Ejecutivo autonómico presentará una demanda contra el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Supremo porque considera que está «atentando» contra derechos fundamentales como el de participación, el de expresión y la libertad ideológica.