caso nóos
La fiscalía pide 19 años de prisión para Urdangarín por cometer ocho delitos
Reclama 600.000 euros a la infanta Cristina por lucrarse del dinero ilícito de su marido.
Urdangarín busca un acuerdo para devolver el dinero malversado a cambio de pasar una temporada en prisión, pero no los 19 años.
Al final, 105 años cárcel. Esa es la pena que la Fiscalía Anticorrupción va a reclamar mañana a los catorce imputados del ‘caso Nóos’. El escrito de acusación de la Fiscalía prevé el castigo más alto de todos los procesados para Iñaki Urdangarín, quien se enfrentará a 19 años de cárcel, si el duque no llega a un cada vez más improbable pacto de ultimísima hora, entre esta noche y hoy por la mañana.
Un acuerdo que pasaría por devolver el dinero malversado (o buena parte de él) a cambio de reconocer los delitos y conformarse con entrar en la cárcel una larga temporada. Las negociaciones entre Anticorrupción y el letrado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, aunque no están rotas, siguen estancadas en los últimos días. El ex deportista alega no tener dinero para pagar los casi seis millones de euros que le reclama la Fiscalía para aplicarle el atenuante de reparación del daño. Los otros atenuantes como el arrepentimiento espontáneo o la colaboración con la justicia, ya serían inaplicables. El duque y su abogado insisten en buscar alguna reducción pagando poco más de 300.000 euros, estrictamente el dinero defraudado en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008. Una cantidad que la acusación pública rechaza de plano por insuficiente.
Sin esos hipotéticos atenuantes aplicados ‘in extremis’, la losa de delitos y penas que el fiscal Pedro Horrach atribuye a Urdangarín y que le asoma a las dos décadas de cárcel es muy pesada. Si no hay modificaciones contrarreloj, el escrito de acusación de Anticorrupción recoge en el caso del duque: un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años); y blanqueo de capitales (dos años). Total, 19 años y medio, que, no obstante, siguen muy por debajo de los 26 años y medio que va a reclamar para el cuñado de Felipe VI la otra acusación de este procedimiento, el sindicato Manos Limpias, que se va en todos los ilícitos a la tipificación más alta.
Torres y Matas
Los delitos y penas de Urdangarín -a excepción de un delito fiscal menos- son los mismos que Horrach reclama para el exsocio del duque, Diego Torres: total, 16 años y medio de prisión por haber liderado, junto al cuñado del Rey, una trama para desviar a bolsillos privados un total de 5,9 millones de euros de las administraciones públicas.
Como ya es sabido, Anticorrupción desde un principio se ha negado a acusar a la infanta Cristina de delito alguno, a pesar de que la Audiencia Provincial de Palma le abrió la puerta para imputarle dos delitos de fraude fiscal como cooperadora necesaria de su marido, al ser la copropietaria de Aizoon, la empresa familiar usada para desviar dinero del Instituto Nóos. Al final, solo Manos Limpias acusará a la hermana del jefe del Estado, para la que pide ocho años de cárcel. No obstante, Horrach, aunque no quiere prisión para ella, sí que le reclama una responsabilidad civil por esos delitos de 587.413 euros, a pagar de forma solidaria con su esposo.
Los otros personajes principales de esta trama tampoco salen bien parados. El expresidente del Gobierno de Baleares Jaume Matas afrontará en el juicio una petición de once años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad y otro de fraude.
Horrach reclama dos años de cárcel para Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, por un delito de blanqueo de capitales. Tejeiro deberá responder además solidariamente de los 1.144.240 euros defraudados por su esposo.
La acusación pública pide otros dos años para el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos para el exdirector general de Deportes del Govern balear y ‘arrepentido’, José Luis ‘Pepote’ Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; cuatro para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía; y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.