Felipe VI se topa con un escollo heredado en su esfuerzo regenerador

Nada hizo tanto daño a la imagen de Juan Carlos I en sus treinta y nueve años de reinado como el conocimiento público de los negocios turbios que durante años mantuvo su yerno, Iñaki Urdangarín, la investigación iniciada por el juez José Castro y la posterior imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos. La llegada de Felipe VI a la jefatura de Estado tuvo, según se desprende de algunas encuestas, un efecto reparador sobre el erosionado prestigio de la institución pero ver a la duquesa de Palma en el banquillo sería sin duda un lastre para los esfuerzos regeneradores del monarca, entre ellos, la prohibición de aceptar favores y regalos caros a los miembros de la familia real.

En Zarzuela rehúsan hacer el más mínimo comentario sobre el asunto. El día en el que se conoció que la Audiencia Provincial de Palma daba vía libre a Castro para abrir juicio oral a doña Cristina, la Casa del Rey zanjó la cuestión con un lacónico «respeto absoluto a la independencia judicial». Confían en que el distanciamiento expreso de don Felipe respecto a su hermana desde que estalló el escándalo, siendo aún Príncipe de Asturias, sirva para amortiguar el golpe.

En el entorno de la Casa Real hace tiempo que se admite, aún así, que habría sido recomendable que Cristina de Borbón renunciara a sus derechos dinásticos como gesto para preservar la Corona. Hubo un tiempo en que se confiaba incluso en el divorcio, pero pronto quedó claro que no llegaría. Aseguran, en todo caso, que el rey jamás le pidió nada. Y ahora también repiten en Zarzuela que la decisión de separarse de la línea sucesoria le corresponde «únicamente a ella».

El rey, pues, no presiona, pero sí han empezado a hacerlo los dos grandes partidos, los que de verdad sustentan la Monarquía parlamentaria española. A la espera de lo que ocurra, Zarzuela sigue con el guión marcado por el rey para demostrar que quiere una institución «íntegra, honesta y transparente».