Rajoy podrá movilizar al Estado ante crisis graves sin contar con el Congreso

Hay un estado intermedio entre la normalidad y la alarma, y el Gobierno legisla para ponerle nombre. El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional que otorgará al presidente del Ejecutivo, en exclusiva, la capacidad de decretar una «situación de interés para la seguridad nacional» cuando surjan en el país crisis de diversa índole relacionadas, por ejemplo, con el terrorismo, la ciberseguridad, las catástrofes naturales o la vulnerabilidad energética. Se trata de una figura bajo la que quedará regulado el modo de proceder cuando el día a día se vea alterado por cualquier tipo de amenaza seria sin llegar a la gravedad de tener que ordenar estado de excepción, alarma o sitio con la anuencia del Congreso.

La principal diferencia con estas figuras que recoge la Constitución es que el nuevo concepto no conlleva la suspensión de ningún derecho ni el recorte de libertad alguna. Así lo garantiza el texto, según la vicepresidenta del Gobierno, que avanza que el Ejecutivo no podrá emplear la potestad que le otorga esta norma para hacerse con competencias autonómicas o locales por parte del Estado, como por ejemplo la jefatura de las policías de cada territorio. «No se busca asumir el mando de nada», insistió Soraya Sáenz de Santamaría. El instrumento está solo orientado a «coordinar» recursos y administraciones cuando el desafío al que hacer frente lo requiera.

La número dos del Gobierno puso como ejemplo un terremoto. Es un hecho, subrayó, que exige el trabajo conjunto de ministerios y ejecutivos regionales que tienen que actuar de manera compenetrada. Pero en estos casos no sólo se movilizarán los medios con los que cuentan las administraciones. Una vez decretada esta situación de interés para la seguridad, el Ejecutivo podrá emplear recursos privados. Más aún cuando la norma reclama «la participación de la sociedad en general para salvaguardar la seguridad nacional». Todo, avanzó la vicepresidenta, «con su debida indemnización» a los particulares que se vean obligados a colaborar. La vicepresidenta subrayó que «esto no es nuevo». Otras leyes, como las reguladoras del régimen local o la de expropiación forzosa, lo contemplan y, en cualquier caso, el objetivo es contar con un «inventario» de todos los recursos que el Estado podría emplear en una emergencia determinada.

La pregunta que queda en el aire, pendiente de que se concrete en el desarrollo legislativo, es qué condiciones deberán darse para que el presidente del Gobierno pueda resolver, bajo el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nacional, que se está ante una situación de este tipo y que no quede sujeto a la arbitrariedad. El mecanismo, según el Ejecutivo, se activará cuando exista una amenaza contra «los cimientos del Estado de Derecho y se pongan en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos». Conceptos generales que tendrán que regularse para que se garantice la proporcionalidad.

Hacer frente a los «nuevos riesgos» es una de las finalidades del anteproyecto, que ahora pasará a ser revisado por el Consejo de Estado antes de que vuelva a la mesa del Consejo de Ministros. Aunque la iniciativa se ha estudiado justo después de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en París, Sáenz de Santamaría negó que la norma tenga algo que ver con lo acontecido en Francia, aunque es indudable que va a ser «útil en la lucha contra el terrorismo». La redacción de la ley se contemplaba ya en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en mayo de 2013 y el texto obtuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad el 31 de octubre.

Desde la oposición, el PSOE desconfía del Ejecutivo y reclamó ayer que el Gobierno explique en el Congreso los detalles de la futura norma, que hasta el momento los socialistas denuncian haber conocido sólo a través de los medios de comunicación.