Anticorrupción no halla empresarios que declaren contra Jordi Pujol

Jordi Pujol vuelve a ser interrogado como imputado mañana 30 años después del caso Banca Catalana, en el que nunca se sentó en el banquillo pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él. Tres décadas después, pocos o casi ninguno en Barcelona dudan de que el denominado caso Herencia terminará, como entonces, en nada y que el ahora ex presidente se enfrentará a un interrogatorio cómodo en el hipotético, y por ahora improbable caso, de que se aviniese a declarar.

La razón de la tranquilidad de Pujol y el resto de sus familiares encausados y llamados a declarar, su mujer Marta y sus hijos Marta, Mireia y Pere, es que saben que la titular del Juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, no tiene nada para probar que la fortuna del clan en Andorra procede del cobro durante años de comisiones irregulares por adjudicaciones de obras y servicios por parte de la Generalitat, como sostienen los denunciantes, Manos Limpias y Plataforma por Cataluña, que acusan a Pujol de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales,

La Fiscalía, desde que este caso se abriera el pasado verano tras la confesión el 25 de julio de Pujol admitiendo que durante años su familia tuvo dinero en el extranjero, no ha logrado encontrar a un solo empresario dispuesto a declarar que pagó comisiones a la familia del ex presidente. Según admiten responsables de Anticorrupción, sin una denuncia y sin documentos «el caso Herencia está llamado a morir». Primero, porque los delitos referidos a Hacienda, esto es fraude y blanqueo, están prescritos o fueron regularizados. Segundo, porque sin poder probar, al menos indiciariamente, que la fortuna de la familia tiene un origen ilícito, ni Andorra ni Suiza ni Liechtenstein van a colaborar en la investigación. La legislación de esos países, recuerdan en Anticorrupción, exige que haya un delito previo al fiscal para colaborar.

Así las cosas, lamentan policías y fiscales, Jordi Pujol, su esposa y sus tres hijos se marcharán de rositas mañana, tanto si declaran como si no, y todo ello a pesar de que en estos seis meses de instrucción no han sido capaces de aportar a la causa un solo papel que pruebe que, efectivamente, el dinero gestionado por el clan procede de una herencia no declarada hace 34 años por el padre del ex presidente, Florenci Pujol, que legó un dinero en el extranjero a sus nietos y a su nuera.

El único documento que ha podido aportar la defensa del ex jefe de Gobierno catalán ha sido el testamento de Florenci Pujol. Ese papel, datado en 1967, revela que el fallecido no dispuso en ningún momento que su dinero, ni fuera ni dentro de España, ni ninguno de sus bienes muebles o inmuebles fuera a parar a sus nietos ni a su nuera.

El testamento expresaba que su «única y universal heredera» era su mujer, María Soley Mas, y que a su hijos, Jordi y María, les dejaba la «legítima que con arreglo a ley corresponda». El legado de Florenci Pujol a su hijo fue exclusivamente una finca en Sant Pere de Premía valorada entonces en tres millones de pesetas; 6.750 acciones de la compañía Cedat por valor de 6.750.000 pesetas; otras 675 acciones de Banca Catalana por valor de 3.375.000 pesetas; tres acciones más de la misma entidad valoradas en 3.000 pesetas y 647 pesetas en metálico.

Hasta el despacho de la instructora Balfagón, que se niega por el momento a imputar a los procesados delitos relacionados con la corrupción, han llegado en las últimas semanas diversos informes que apuntalan las maniobras fiscales de los Pujol, pero nada que apunte a las comisiones.