Diario de León

Interior centra su nueva ofensiva contra la prostitución en los clientes

La segunda parte del plan policial tendrá un fuerte componente de colaboración en el extranjero.

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daniel roldán | madrid
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La segunda fase del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humano ya tiene un claro objetivo: los clientes. Así lo anunció ayer el ministro del Interior en una reunión en Barcelona con los responsables de las Unidades Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif), en donde se analizaron los datos de la primera fase y se detallaron diferentes aspectos de la segunda parte de este plan, que también tendrá un fuerte componente de colaboración en el extranjero para cortar de raíz las redes que engañan, maltratan y extorsionan a mujeres para traerlas a los países más desarrollados donde dedicarlas a la prostitución.

Ahora el objetivo es descender la demanda de estos servicios a través de una presencia policial «insoportable», según señaló el director de la policía, Ignacio Cosidó, que haga desistir de sus intenciones e «impulsar una mayor concienciación e implicación social ante este problema». Según indicó Jorge Fernández Díaz hay muchas «herramientas» eficaces para conseguir estos objetivos como, por ejemplo, sanciones a las personas que demanden estos servicios cerca de los centros escolares o en los arcenes de las carreteras. Unas medidas que no son nuevas. Numerosos ayuntamientos españoles -Sevilla, Alcalá de Henares, Valencia o Murcia, por citar algunos- ya tomaron medidas contra la prostitución hace años. Otras, como Bilbao, quieren instalar cámaras de vigilancia en las zonas más conflictivas para evitar esta práctica.

Los últimos informes señalan que la trata de seres humanos es un negocio muy lucrativo. Genera al año unos 25.000 millones, de los que 2.280, según el ministro, corresponden a Europa. «Es una actividad delictiva que mueve cinco millones al día en nuestro país», recalcó Fernández Díaz, quien destacó que las víctimas de trata padecen «una intolerable vulneración de derechos incompatibles con nuestro sistema democrático de valores y libertades».

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