La ‘Púnica’ golpea Valencia y se extiende ahora por Madrid
Requieren información de contratos públicos con el ‘conseguidor’.
El coche de la UCO sale del ayuntamiento de Gandía.
La ‘operación Púnica’, la trama de contratos municipales y subvenciones públicas que afecta a varias comunidades, sigue extendiéndose como una mancha de aceite. La segunda fase del operativo coordinado por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción culminó ayer con el registro de dos ayuntamientos madrileños y los requerimientos judiciales de documentación a otros diez consistorios de Madrid y la Comunidad Valenciana. Asimismo, se efectuaron entradas en sedes sociales de empresas y se tenía previsto llevar a cabo la detención de varias personas, según informó el Ministerio Público.
Las diligencias fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso que estalló en octubre pasado con 36 detenciones y 15 imputaciones en Madrid, León y Murcia. Desde entonces se han incorporado más implicados al procedimiento, los últimos cinco ex diputados autonómicos del PP la pasada semana. Además, las actuaciones llevadas a cabo ayer en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana suman una autonomía más al ‘mapa púnico’. A primera de la mañana y con bastante discreción, agentes de paisano de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsable de la investigación policial, se personaron con un requerimiento judicial en los ayuntamientos valencianos de Castellón, Gandía, Denia, Elche y Valencia capital y en los madrileños de Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Majadahonda y Madrid. Asimismo, se autorizaron registros en Valdemoro y Moraleja de Enmedio.
En detalle
Según fuentes judiciales, las peticiones eran muy «concretas» y versaban sobre documentos relacionados con los contratos públicos firmados con empresas de Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama junto al ex consejero autonómico y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y ‘su mano derecha’, el empresario David Marjaliza, ambos en prisión preventiva (se les descubrieron 11 millones en Suiza y Singapur).
Las sociedades del ‘conseguidor’ De Pedro son Eico (Estrategia de Identidad y Comunicación Online) y Madiva Editorial, dedicada a la producción informativa en Internet. En algunos casos se sospechosa que estos servicios se concedieron a dedo a cambio de cohechos a los políticos y en otros directamente fueron trabajos ‘fantasma’ sin justificar para beneficio de la trama. También se investigan contratos de algunos de estos consistorios con la sociedad Cofely, perteneciente a la multinacional francesa GDF Suez y dedicada a la eficiencia energética.