El Constitucional descabezará las instituciones catalanas si le desobedecen

El Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno, está dispuesto a utilizar todas las armas en su mano para asegurarse de que ningún cargo público catalán desobecece la resolución con la que en la tarde de ayer decretó la suspensión cautelar de la la moción de desconexión con España, que el lunes aprobó el Parlamento de Cataluña, y con la que, al tiempo, prohibió cualquier tipo de acto o iniciativa que intente ejecutar sus mandatos o trate de desarrollarla.

De hecho, la corte está dispuesta a suspender en su cargo a cualquier miembro del Gobierno de la Generalitat, incluido el presidente Artur Mas, o de la Mesa del Parlament -incluida su presidenta, Carmen Forcadell, y el secretario general- si incumplen su mandato, si tratan de resucitar de cualquier manera la resolución de ruptura con España, según le ha comunicado a cada de ellos, 21 en total, de forma explícita y personal, un trámite que se realiza por primera vez en la historia de este tribunal.

En estos requerimientos, comunica oficialmente a cada uno de ellos que la declaración secesionista está totalmente suspendida por un plazo de cinco meses, que puede ser renovado por igual tiempo si antes el tribunal no ha dictado sentencia. Pero, además, les requiere para que sepan que «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En las providencias, que les serán entregadas en mano por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, da un plazo de diez días para alegar lo que tengan por conveniente contra la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno y contra la suspensión cautelar de la moción.

En los mismos escritos, el tribunal, a petición del Ejecutivo, apercibe a los 21 de forma expresa de que si ignoran sus órdenes pueden ser multados con entre 3.000 y 30.000 euros y suspendidos en sus cargos por el tiempo necesario para subsanar su incumplimiento y, además, serán denunciados ante los tribunales ordinarios por un delito de desobediencia, que conlleva penas de inhabilitación.

La ley del tribunal indica que la suspensión en los cargos de estos políticos, «siempre que concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional», como sería el caso, podrán realizarse por un procedimiento de urgencia y sin oír a las partes. Tres días después los magistrados ratificarían o modificarían su resolución, una vez conocido lo que tuviesen que alegar al respecto los afectados y la Fiscalía.

Nada aclara el tribunal sobre quién debe reparar el incumplimiento de los altos cargos mientras están suspendidos, pero la ley del Constitucional indica que la corte «podrá requerir la colaboración del Gobierno a fin de que, en los términos fijados por el tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones».

Los once magistrados que componen el pleno del Constitucional, por unanimidad, admitieron a trámite la impugnación con la que el Gobierno pidió la nulidad completa de la declaración independentista solo siete horas después de que la Abogacía del Estado registrase el recurso por orden del Consejo de Ministros, que mantuvo una reunión extraordinaria.

La Abogacía del Estado, como antes había hecho el Consejo de Estado, reclamó al tribunal que anule por completo la moción secesionista porque sus nueve puntos y sus anexos son «íntegramente» inconstitucionales al violar los artículos esenciales de la Carta Magna. Consideran que la resolución vulnera la soberanía nacional, la indivisible unidad de España, la obligación de todos los poderes de estar sujetos al ordenamiento jurídico, competencias exclusivas del Estado, el obligado cumplimiento por todos de las sentencias, el derecho a la participación y representación política, las reglas tasadas para abordar la reforma de la Constitución, y los dos primeros artículos del estatuto catalán, que indican que los poderes autonómicos se ejercen de acuerdo a la Carta Magna.

Fuentes del Constitucional tienen pocas dudas de que dentro de unos meses, la resolución soberanista del 9 de noviembre de 2015 y cualquier acto que la hubiese desarrollado serán declarados nulos y que la decisión será apoyada casi con seguridad por todo el pleno en una sentencia de la que será ponente el magistado y exdiputado del PP Andrés Ollero.