Chaves y Griñán en el banquillo
El juez los procesa por conocer y permitir el fraude de los ERE, que alcanzaría como mínimo los 140 millones El instructor sostiene que los ex presidentes andaluces «participaron del plan establecido» para eludir los controles.
cecilia cuerdo | sevilla
Un simple juez de instrucción de Sevilla asestó ayer el golpe más duro recibido por el PSOE en muchos años, y sobre todo al socialismo andaluz en sus dos décadas al frente del Gobierno autonómico. En un duro auto de procesamiento, concluye que hay indicios más que suficientes para llevar al banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por conocer y permitir «un plan establecido» para eludir los controles a la hora de dar ayudas sociolaborales y «poner en riesgo el erario de la Junta de Andalucía».
Aunque no se trata de un caso equiparable a otras corruptelas por no haber enriquecimiento personal de los ex presidentes, la estocada llega además a las puertas de una campaña electoral general en la que el PSOE se juega la hegemonía en la izquierda y Susana Díaz su hipotético liderazgo en el futuro proyecto del partido.
Era un secreto a voces que el juez de refuerzo del caso ERE, encargado de instruir la parte más política de la trama -hay otras líneas de investigación aún en pañales- no enmendaría la plana al juez del Tribunal Supremo que tras oír a los ex mandatarios andaluces coligió que había evidencias de delito. Según el auto dictado ayer, hay indicios de prevaricación administrativa continuada en el caso de Chaves y también de malversación en el caso de Griñán. Además son encausados otros 25 ex altos cargos de sus gobiernos durante el periodo 2001-2010. Entre ellos, los ex consejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Jose Antonio Viera, Antonio Fernández o Francisco Vallejo.
La prevaricación acarrea una pena de entre siete y diez años de inhabilitación para cargo público, mientras que el delito continuado de prevaricación en concurso con malversación que atribuye a Griñán y otros 17 ex altos cargos conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
El juez ha sobreseído la causa para 24 ex altos cargos públicos, fundamentalmente de la última etapa, y se concentra en quienes formaban parte de la cúpula de Empleo, Economía o Hacienda en la década investigada. Quienes debían controlar las ayudas y quienes modificaban el presupuesto para engordar la partida de donde salía el dinero, la 31-L, dotada con al menos 854 millones de euros, según el auto, que podrá ser recurrido en cinco días. Pero no todo esos fondos fueron utilizados de forma fraudulenta, las fuerzas de seguridad calculan que 140 millones tuvieron un uso indebido.
Griñán ya presentó la pasada semana un recurso cuando era más que previsible el procesamiento esgrimiendo la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, a la que se eximió de tener que examinar lo que le pasaban sus subalternos y los técnicos. Esa ha sido la tesis esgrimida por los ex presidentes en todo momento, el desconocimiento acerca de lo que ocurría en la Dirección General de Trabajo de la Junta y la ausencia de informes de actuación que llevaran a poner orden inmediatamente o alertaran de menoscabo de fondos. Ahora el juez Álvaro Martín echa por tierra esa teoría y entiende que «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando».
El instructor concluye que los dos ex presidentes, seis ex consejeros y diversos viceconsejeros y directores generales son «responsables de generar, implantar, mantener e impulsar» entre 2000 y 2011 un procedimiento específico para pagar ayudas sociolaborales que «eludía los controles establecidos y, a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional».
«No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe», dice el juez.
El sistema, prosigue el instructor, carecía de «las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados».
