Rajoy, condicionado en el Parlamento

ramon gorriarán | madrid

Pasadas las elecciones, Mariano Rajoy se topa con una realidad menos confortable. Deberá gobernar, en caso que supere la investidura,con 137 diputados en el Congreso, el menor respaldo de un presidente en esta etapa democrática, y enfrente tendrá 213 de la oposición. Tiene la minoría más potente, pero muy lejos de la mayoría absoluta que disfrutó entre 2011 y 2015, y que le permitió hacer y deshacer a voluntad. Solo puede evitar ese escenario si consigue reunir una amplia mayoría parlamentaria.

Un objetivo que a tenor de las declaraciones de intenciones del PSOE, la única fuerza que le garantizaría esa estabilidad, parece inalcanzable porque los socialistas no están dispuestos entrar en un Gobierno de coalición con el PP y han decidido que su papel para la próxima legislatura es el de encabezar la oposición.

Rajoy tendrá, por tanto, que desempolvar el manual de instrucciones de 1996, aquel que usó José María Aznar en su primera legislatura, cuando con los 156 diputados del PP necesitó apoyarse en CiU y PNV. Él sabe mucho de aquella etapa, no en vano era el ministro de Administraciones Públicas, el que llevaba el peso de las relaciones con los nacionalistas.

Rajoy va a tener complicado encontrar socios parlamentarios. Siempre que renueve el contrato de alquiler de la Moncloa, deberá construir un tejido de alianzas parlamentarias de conveniencia que no será fácil de engarzar porque el PP tiene dañadas sus relaciones con el resto de fuerzas políticas tras un cuatrienio de mayoría absoluta y rodillo parlamentario. Lo enconado de las dos campañas electorales tampoco ayuda para olvidar agravios. Pero todos, Rajoy el primero, deberá pasar página salvo que quieran condenar la legislatura al bloqueo más absoluto.

Estarán la reforma de la Constitución y la financiación autonómica, exigencias mayúsculas que el PP deberá asumir en aras de posteriores entendimientos. Los cambios en la Carta Magna eran tabú hasta hace nada para el PP, pero a la fuerza ahorcan y ahora está abierto a encararla. Los populares podrían vetarla porque cuenta con un poder parlamentario más que suficiente dado que la minoría de bloqueo es de 117 diputados y les sobran 20. Pero sería una mala manera de comenzar.

No será lo peor para Rajoy, los sapos más difíciles de digerir van a ser los de la demolición de la reforma laboral o la ley mordaza, reclamadas por toda la izquierda y los nacionalistas, las comisiones de investigación sobre la corrupción y las medidas legislativas de regeneración democrática, terrenos que para el PP son arenas movedizas.

Con todo, no es lo que más quita el sueño a Rajoy. Su preocupación, y no se cansa de decirlo, es avanzar con las reformas, y ahí no va a tener más remedio que echar mano de la geometría variable, Aquella que practicó al socialista José Luis Rodríguez Zapatero en su segundo mandato, en el que estuvo a expensas de sus socios en el tripartito catalán, Esquerra e Iniciativa, pero también de CiU. Rajoy fue muy severo y denostó cuanto pudo esa dependencia de los socialistas. Desde su partido se llamó «pelele» a Zapatero.

PRUEBA DE FUEGO

Ahora él puede verse en una situación similar, obligado a pactar algunos asuntos, sobre todo económicos, con Ciudadanos, Convergència, PNV y Coalición Canaria; y otros, quizás los de mayor calado porque requieren mayorías absolutas, con el PSOE. Lo que no va a poder hacer es escaquearse de las peticiones de comparecencia de la oposición, como hizo cuantas veces quiso en su último cuatrienio.

La primera prueba de fuego serán los Presupuestos de 2017. El Gobierno tiene que presentar el proyecto en el Congreso antes del 1 de octubre, pero debe negociarlos antes. Sería una mala señal para Rajoy que su primer test parlamentario acabe con una devolución del texto al Gobierno por falta de apoyos.