Jaque a la corrupción municipal
La operación capitaneada por la Guardia Civil se salda con 12 arrestados y 23 ayuntamientos bajo sospecha Los detenidos utilizaban entidades públicas ficticias para desviar impunemente millones de euros con destino Andorra.
La Guardia Civil en el registro al ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en el marco de la operación Termyca. ÁLVARO CALVO
melchor sáiz-pardo | madrid
El de ayer martes es, probablemente, el mayor golpe contra la corrupción municipal en España en un solo día. La ‘operación Termyca’ de la Guardia Civil se salda, por el momento, con 23 ayuntamientos de diez provincias diferentes bajo sospecha; doce detenidos y 48 registros, cuatro de ellos en Andorra, el destino final de las decenas de millones de euros de dinero público desviado. La investigación del juez de la localidad tarraconense de El Vendrell Josep Bosch sobre la ‘trama del 3%’ sobre la supuesta financiación irregular de Convergència ha desembocado en una macrooperación que salpica también a consistorios en manos de socialistas y populares.
El nexo de toda esta inmensa red de cohechos y malversaciones son unas ficticias Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), las mercantiles municipales, fantasmas usados por los empresarios detenidos para saquear impunemente las arcas consistoriales sin mirar su color político. Los funcionarios registraron ocho ayuntamientos: Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores de la Sierra, en Madrid; Ascó, Tortosa, Vandellós y l’Ametlla de Mar, en Tarragona; y Trillo, en Guadalajara. Además, se allanaron doce empresas privadas, siete entidades públicas, catorce domicilios y siete despachos por todo el país.
Objetivo común
En todos los ayuntamientos, el objetivo fue el mismo: los contratos adjudicados a la consultora Efial y su sucedánea desde el pasado enero, la Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), los dos verdaderos epicentros de la trama. Las falsas EPEL de los ayuntamientos bajo sospecha, que en realidad eran meras «figuras instrumentales y ficticias sin actividad alguna» controladas por los empresarios detenidos, según las investigaciones de la Guardia Civil, contrataban a las consultoras para realizar trabajos «igualmente ficticios».
Luego, «gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra», de acuerdo con la tesis de Anticorrupción. El descaro de los detenidos era tal que en algunos casos entre los directivos de la falsas EPEL figuraba dirigentes de Efial. Esta operativa, que tiene su origen en consistorios gobernados por CIU, fue descubierta a finales de junio de 2014.
La promesa de los detenidos a esos ayuntamientos era muy atractiva: a través de las EPEL los municipios ahorrarían gran cantidad de dinero al externalizar servicios públicos y poder deducir el IVA. La verdad era otra: los arrestados se autoadjudicaban contratos sobre trabajos que nunca se hacían. Entre los doce detenidos están los exalcaldes de Anglès Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado durante la investigación del ‘caso del 3 %’, y el de Ametlla de Mar, Andreu Martí, también de Convergència. Los dos habrían recibido sus comisiones por hacer la vista gorda a los desmanes de Efial en sus propios consistorios. Mandos del operativo insistieron en que la operación ‘Termyca’ es solo una pieza separada del ‘caso del 3%’