El Gobierno recurrirá ante el TC las partidas de la consulta secesionista

r. gorriarán | madrid

Mariano Rajoy ha atacado el flanco más sensible del referéndum sobre la independencia de Cataluña, el de su financiación. La Abogacía del Estado presentará en las próximas horas un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las partidas de los Presupuestos catalanes dotadas con fondos para cubrir los gastos de la consulta. La simple admisión a trámite de la impugnación en la corte congelará los poco más de seis millones de euros dispuestos para ese fin. Rajoy también pedirá en su recurso que se advierta al presidente de la Generalitat y a sus consejeros que la desobediencia de las disposiciones que adopte el tribunal lleva aparejadas consecuencias legales, «incluso penales».

Solo un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicara lo Presupuestos para 2017, el Consejo de Ministros aprobó ayer que el jefe del Ejecutivo recurra ante el Constitucional la disposición adicional de la que cuelgan las tres partidas para costear la consulta separatista. El Gobierno dio el visto bueno al informe presentado por la Abogacía del Estado, y decidió impugnar con un lenguaje más áspero que nunca las pretensiones de la Generalitat de Cataluña. Además de recordar que la convocatoria de referendos es «una competencia estatal» recogida en la Constitución, subraya que la consulta prevista para septiembre, no es «un referéndum cualquiera sino aquel con el que se pretende culminar el llamado proceso constituyente en Cataluña, ignorando que el Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a decidir solo puede ser válido en el marco y con el respeto a los procedimientos constitucionalesE.

Una dureza que contrastó con el anuncio amable de Rajoy del pasado martes de invertir 4.200 millones de euros en infraestructuras para Cataluña en cuatro años, y que suscitó las quejas de otros territorios temerosos de verse discriminados. El Gobierno ha decidido alternar el palo y la zanahoria, y ayer fue el turno del garrote. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volvió a la sala de conferencias de prensa de La Moncloa después de cinco meses de ausencia para asestar el primer golpe legal a la consulta soberanista. Sostuvo que es «un hecho inédito» y «no muy comprensible» que el Parlamento catalán, con mayoría de fuerzas independentistas catalanas y con la anuencia del Gobierno de Puigdemont, decidiera seguir adelante con los Presupuestos y su capítulo de gastos para el referéndum después de recibir el aviso de que eran ilegales por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo dependiente de la Generalitat, y de los propios letrados del Parlamento de Cataluña. Pero no solo las ha recurrido sino que Rajoy, como firmante del escrito, solicitará la suspensión automática de los preceptos denunciados.