El Constitucional suspende las partidas para el referéndum independentista
Los magistrados alertan a Puigdemont de las consecuencias penales si no acata la resolución.
El consejero de Economía, Junqueras, conversa con el presidente Puigdemont. QUIQUE GARCÍA
cristian reino | barcelona
La hoja de ruta independentista del Gobierno catalán sufrió ayer un duro revés y deberá sortear un nuevo obstáculo, en este caso el que tiene que ver con la financiación del referéndum. Porque el Tribunal Constitucional, en su primera reunión tras su remodelación y la elección del nuevo presidente, decidió suspender las partidas destinadas al referéndum incluidas en los presupuestos de la Generalitat de este año, así como la referencia explícita que hacen las cuentas a la consulta soberanista.
Cuatro días después del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, los doce magistrados de la corte acordaron por unanimidad admitir a trámite la impugnación de Mariano Rajoy y dejaron en suspenso la vigencia y aplicacion de los preceptos recurridos. Es una medida cautelar con una vigencia de cinco meses hasta que se resuelva el recurso.
El Constitucional ha anulado la disposición adicional 40 de los presupuestos que instaba al Ejecutivo catalán a «habilitar las partidas necesarias para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña», así como otras tres partidas que reservaban 6,2 millones para consultas y procesos electorales.
La corte de garantías, además, advirtió al presidente de la Generalitat, a los miembros de su gabinete y a los altos cargos de la Consejería de Economía relacionados con los presupuestos de las responsabilidades penales en que podrían incurrir si no acatan la suspensión y siguen adelante con el referéndum. En el caso del uso de dinero público para celebrar una consulta podrían cometer un delito de malversación, lo que conllevaría penas de prisión, a diferencia del delito de desobediencia (el que cometió Mas por el 9-N), que está penado con inhabilitaciones. Una veintena de miembros de la administración catalana están avisados, por tanto, de que tienen la obligación de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». El Constitucional avisa a Puigdemont y Junqueras de que «se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno» de disposicion de las partidas presupuestarias impugnadas.
La Generalitat esperaba el recurso del Gobierno y por eso incluyó una partida para el referéndum camuflada en el apartado de fondo de contingencia. Pero el alto tribunal advirtió de que no se puede activar ninguna partida que tenga por objeto financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebracion del referéndum, como puede ser licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos. Una preparación que la Generalitat sí pudo hacer en el 9-N, pero que ahora el Constitucional trata de frenar de raíz.
La Generalitat avisó la semana pasada que el recurso del Gobierno no cambia nada y que seguirá con sus planes de celebrar el referéndum en el mes de septiembre. Su respuesta, tras la suspensión, fue similar. «El Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia», afirmó ayer Oriol Junqueras. El Gobierno catalán esgrime que tiene un compromiso y que hará todo lo que sea para que la votación se celebre, tenga o no el visto bueno de Madrid. «Mantenemos intacto el compromiso» de celebrar el referéndum, aseguró Neus Munté, que señaló que el Ejecutivo catalán aún tiene margen para organizar la votación.