El momento en el que debe renunciar un investigado enfrenta a los partidos
La mayor parte de las formaciones reconoce las dificultades políticas y técnicas para el consenso.
n. vega / m. e. alonso | madrid
La batalla que durante 45 días libraron en la Región de Murcia el PP y Ciudadanos y que se saldó con la dimisión de Pedro Antonio Sánchez el pasado 4 de abril, ha reavivado el debate sobre el momento concreto en el que la renuncia de un dirigente investigado pasa de ser conveniente e ineludible. Ninguno de los líderes territoriales de la formación conservadora, que siguieron desde la distancia el conflicto, tiene la garantía de que un pacto anticorrupción vaya a expulsar de la disputa partidista las responsabilidades que se dirimen en los juzgados. Pero, aun así, algunos de los barones de Mariano Rajoy apuestan por explorar esta vía con el resto de fuerzas políticas.
El planteamiento, lejos de ser novedoso, figura en el acuerdo que el PP selló con Ciudadanos en agosto de 2016 para garantizarse la investidura del presidente del Gobierno. El punto 93 de aquel documento no sólo aboga por «la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción», sino que «adicionalmente», compromete a los firmantes a promover «un pacto de estado por la regeneración y la calidad de la democracia» con los demás partidos. Pero sólo el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en noviembre del año pasado, y la polémica en Murcia han despertado un amago de interés en el desarrollo práctico del texto.
La mayor parte de las formaciones reconoce las dificultades políticas y técnicas que entorpecen que el consenso sea posible. El precedente más cercano es, de hecho, el pacto de investidura en el que Rajoy y Albert Rivera estamparon su firma y que con una calculada redacción ambigua no ha dejado de generar dudas sobre su aplicación práctica en estos casi ocho meses de vigencia.
La inexistencia de la figura del «imputado formal» ha dejado al albur de los acontecimientos el momento preciso de la dimisión de un investigado por delitos de corrupción política. Desde que el juez instructor llama a declarar al afectado hasta la apertura, en su caso, de juicio oral transcurre un tiempo indefinido que, en contra de lo que en un principio pudo prever el PP, sólo ha ocasionado problemas a los populares.
A día de hoy, Ciudadanos ha dado el paso de aclarar su propia interpretación del concepto. El secretario general de los liberales, José Manuel Villegas, señala que en el mismo momento en el que se cita a alguien como investigado, siempre y cuando haya indicios de delitos vinculados a la corrupción política, este debe retirarse de sus funciones. Es la filosofía seguida en la Región de Murcia y la que la formación hará prevalecer en la medida de sus posibilidades.
No es de extrañar que PP y PSOE apunten al final de la instrucción en su normativa interna. Es lo que fija la reforma de la Ley de Partidos que el popular José Antonio Bermúdez de Castro y el socialista José Enrique Serrano negociaron a finales de 2014, aunque entonces los escándalos que golpeaban las filas de Rajoy impidieron que la segunda fuerza política votara sí en el Congreso.
Encontrar el equilibrio entre la tolerancia cero ante la corrupción y el respeto a la presunción de inocencia no es fácil.