El Gobierno catalán se compromete con la consulta

cristian reino | barcelona

El Gobierno catalán en bloque, desde el presidente, al vicepresidente, los consejeros, los secretarios departamentales y los directores generales, se comprometió ayer con la «convocatoria y celebración» del referéndum sobre la independencia previsto para finales de septiembre.

En un momento en que se suceden los choques entre los dos socios en Junts pel Sí y entre los miembros de la Generalitat, y cuando además aumentan las voces que aseguran que la votación no podrá realizarse, el independentismo institucional buscó una imagen de unidad y de autoafirmación en un acto solemne, celebrado en el Palau de la Generalitat, del que surgió un manifiesto que convierte la voluntad de poner las urnas en una promesa por escrito y firmada por el Ejecutivo catalán en su totalidad.

Puigdemont y Junqueras redoblan el desafío, advirtiendo al Gobierno de que van a por todas y que no tienen intención de recular. El choque está servido. El texto suscrito, de hecho, está lleno de referencias a episodios trágicos como la Guerra Civil o la dictadura. La Generalitat, a través del manifiesto, afirma que el asesinato por el régimen franquista del expresidente catalán Lluis Companys es el «paradigma» de hasta dónde puede llegar el Estado español para reprimir los «anhelos de libertad» de los catalanes. Un texto muy duro, que prepara al secesionismo para el momento de la verdad, que debería producirse en septiembre con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, la posterior convocatoria del referéndum y su celebración.

Lo que no incluye el manifiesto suscrito, que carece de valor jurídico, es la fecha y la pregunta del referéndum, como había pedido la CUP, que sigue con la mosca detrás de la oreja y para quien no es necesario reafirmar el compromiso con el referéndum porque se suponía que ya estaba claro. Para los anticapitalistas, el acto de ayer responde a las diferencias que se han aireado en los últimos tiempos entre el Pdecat y Esquerra, primero en el Gobierno catalán, como consecuencia de las licitaciones relacionadas con la votación y también después de que Puigdemont pidiera a los consejeros a los que les pudieran temblar las piernas que se aparten, pero sobre todo a raíz de la grabación y filtración de unas declaraciones del número tres de la exCDC, en las que admitió que, si el proceso fracasa, los nacionalistas deberán buscar un candidato de perfil «autonomista».

El Gobierno central insistió ayer en que no negociará un referéndum porque «ni puede ni quiere». «No vamos a cambiar la posición», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que restó trascendencia al manifiesto, ya que a su juicio no tiene valor jurídico y «no aporta nada». «Carece de efectos y ese mensaje debe llegar a los ciudadanos con nitidez para que no se les engañe» prometiéndoles «cosas que no son», dijo. El Gobierno recordó una vez más que la Constitución es «meridianamente clara».