Cristina Cifuentes será acusación particular en el juicio a González

Nuria Vega | Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid resolvió ayer personarse en el caso que investiga el supuesto saqueo de dinero público en el Canal de Isabel II y que, según la Guardia Civil, habría dejado tras de sí un agujero patrimonial cercano a los 60 millones de euros en la empresa que gestiona las aguas madrileñas. La decisión supone, por lo tanto, que el Ejecutivo que lidera Cristina Cifuentes ejercerá de acusación particular en una operación que ha vuelto a sacudir el edificio del PP y que ha acabado por ahora, con su predecesor en el cargo, Ignacio González, en una celda de Soto del Real.

El Ejecutivo de Cifuentes asegura actuar motivado por el criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que sostiene «que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional» y que, además, de las mismas puede derivarse un «perjuicio patrimonial» para los madrileños. Los servicios jurídicos esperarán en todo caso al «momento procesal oportuno» para personarse en la causa.

Se trata de un nuevo paso después de que el Ejecutivo de Cifuentes denunciara en julio de 2016 ante la Fiscalía el abanico de anomalías detectadas en la gestión del Canal de Isabel II tras la auditoría que se encargó en la primavera de ese mismo año. En realidad, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigaban ya desde 2015 las operaciones llevadas a cabo en la empresa pública de aguas y sus filiales, aunque la colaboración del Gobierno madrileño ha sido siempre activa en este caso.

‘Tolerancia cero’

A eso se aferra el equipo de Cifuentes, que en uno de los focos más problemáticos para el PP, junto a la Comunidad Valenciana, ha buscado desde su designación como relevo de Esperanza Aguirre e Ignacio González abanderar la lucha contra la corrupción. «Esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de la presidenta de ‘tolerancia cero’ con la corrupción», se vanagloriaba su gabinete de comunicación en una nota emitida ayer en la que recoge que, del mismo modo, el Gobierno madrileño se personó con anterioridad en los casos Púnica y Correa.

En el PP se impone poco a poco, a un ritmo más lento del que muchos cargos hubiesen deseado, que este es el único camino a seguir para romper con un pasado en el que la reacción ante los escándalos adoleció la mayor parte de las veces de falta de «diligencia».

Fue la época en la que, con Mariano Rajoy a la cabeza, el partido, lejos de reconocer sus casos de corrupción, apostó por denunciar una «trama» orquestada contra el PP.

El partido llegó incluso a ser expulsado como acusación popular del sumario de Gürtel. La Audiencia Nacional estimó en 2013 que la manera de proceder de la formación se correspondía más con la defensa de algunos imputados como el extesorero popular, Luis Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y el exdiputado Jesús Merino, que con un acusación.

Fuentes del PP apuntan que desde entonces el partido ha ido «virando», tanto por convicción «moral» tras el desgarro de la corrupción, como por necesidad «política», dado que es el único modo de recuperar la confianza del electorado y neutralizar el discurso de partidos como Ciudadanos.