Rajoy deberá testificar en persona por «normalidad democrática»

mateo balín | madrid

Si había un escenario que el PP no quería ver ni en pintura, por el desgaste que ello produce, era el de Mariano Rajoy haciendo el ‘paseíllo’ de entrada a la Audiencia Nacional, sentarse ante el tribunal que juzga el caso Correa para testificar y compartir sala de vista con su extesorero Luis Bárcenas o con el cabecilla confeso de la trama Francisco Correa.

Una composición más oscura que las pinturas negras de Goya para los responsables de Génova 13, con algunas de las personas que más daño han hecho a la imagen del partido compartiendo escena con el jefe del Ejecutivo. La primera vez, en suma, que un presidente del Gobierno en ejercicio declarará en persona ante un tribunal por un caso de corrupción (Felipe González lo hizo por los GAL en 1998, pero dos años después de abandonar La Moncloa).

Un dudoso honor para Rajoy, aunque sea como testigo pero con obligación de decir la verdad y contestar a todas las partes, que ayer pasó de ser una pesadilla a evitar a ser una realidad. Ello, pese a las palabras de resistencia de algunos de sus hombres fuertes días atrás. «No tiene sentido. Podrían llamar a declarar al papa de Roma para que diga lo que sabía en ese momento, porque sabe lo mismo», llegó a espetar en tono jocoso Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, para criticar la decisión del tribunal. Al final, el papa de Roma citado por Hernando no va a acudir en persona a la Audiencia Nacional, pero sí Mariano Rajoy.

El tribunal resolvió por mayoría de dos contra uno que el presidente declare en persona en la sede del tribunal en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, el próximo 26 de julio a las 9.30 de la mañana, tras rechazar que lo hiciera por videoconferencia desde su despacho en La Moncloa, tal y como pidió la defensa del PP y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Rajoy comparecerá como testigo propuesto por la acusación popular de Adade (Abogados Demócratas por Europa) en el juicio por la primera época de las actividades de la red corrupta (1999-2005). Una época en la que el hoy presidente del Gobierno era secretario general del PP (2003) y a partir de 2004 presidente del partido. «Estoy a lo que dispongan los tribunales», dijo el lunes, escueto, desde Portugal.

La decisión de la Sección Segunda contó con los votos favorables de los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada y el voto particular en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que ya se negó en su día a que Rajoy testificara. El auto de citación, cuyo ponente fue De Diego, el juez que ha desequilibrado la balanza, justificó que el Tribunal Supremo «ya ha sido claro, preciso y contundente» sobre la comparecencia presencial de un testigo.

Asimismo, el auto desmonta uno a uno los argumentos contrarios del PP para que Rajoy declarara por videoconferencia. Sobre el «despliegue importante de recursos públicos» aludido, el tribunal «no acierta a entender en qué consiste ese despliegue por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros hasta la sede de San Fernando».

Sobre las medidas de seguridad, el tribunal también señala que la Audiencia cuenta con «más garantías» que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de Madrid.