La dimisión de Moix, el último capítulo de la crisis de los fiscales
El nombramiento de Maza en noviembre en detrimento de Madrigal abrió la polémica.
El ahora exfiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. JUANJO MARTÍN
Mateo Balín | data
El lunes 7 de noviembre de 2016, el ministro de Justicia Rafael Catalá tomó posesión del cargo en el Palacio de Parcent, sede ministerial. Tras ratificar a su equipo, el primer deber era resolver el nombramiento del fiscal general del Estado. En un corrillo informal, a la pregunta de si tenía previsto renovar a Consuelo Madrigal, éste respondió: «Ha hecho un buen trabajo». De sus palabras se traducía el criterio favorable a la continuidad de la primera mujer en dirigir el Ministerio Fiscal tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce en diciembre de 2014.
Salvando las desavenencias por la falta de medios para que los fiscales revisasen las causas penales tras la fijación de los plazos de instrucción, la labor de Madrigal había sido bien valorada por el Ejecutivo, especialmente en lo relativo al desafío soberanista catalán. Pocas dudas había, entonces, para lo que después ocurrió. Se daba por hecho que la fiscal general seguiría.
Sin embargo, las 72 horas siguientes a aquel lunes de noviembre explican en buena medida la profunda crisis que ha atravesado el Ministerio Fiscal hasta la dimisión este jueves de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Una salida que se suma a los continuos incendios que ha sufrido el órgano que defiende la legalidad, con filtraciones sumariales, desavenencias de criterios entre los fiscales y reprobaciones en el Congreso.
Todo comenzó en aquellas 72 horas de otoño, con el nombramiento de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General en sustitución de Madrigal. El Gobierno, representado por el ministro Catalá, rechazó mantenerla al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. Conforme avanzaban los encuentros, el interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertos sillones, lo que algunos de los afectados denominaron después «las dos colinas». Se trataba de las jefaturas de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Catalá respaldó expresamente la opción de que Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, como finalmente se acordó, en sustitución del discreto Antonio Salinas, jubilado tras 13 años en el cargo. Madrigal, en cambio, tenía previsto designar a Alejandro Luzón, un histórico de la casa, encargado de casos como las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid y que la fiscal general tenía a su lado como teniente de la Secretaría Técnica. Sin embargo, también llegó a considerar aceptable la propuesta de Moix.
Pero donde se produjo el choque determinante para que Madrigal no renovara fue en la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El ministro le transmitió que era necesario apartar de ese puesto clave a Javier Zaragoza. Las conversaciones no se centraron tanto en poner a alguien concreto como en cambiar a Zaragoza. El fiscal jefe llevaba desde 2006 en la plaza en sustitución de Eduardo Fungairiño, a quien el entonces fiscal general Cándido Conde-Pumpido retiró su confianza tras una «limpieza ideológica sin precedentes» en determinados puestos de la institución, también en Anticorrupción, según recuerdan otras fuentes judiciales consultadas. Éstos informantes ven en aquellos movimientos del fiscal general del Gobierno socialista el germen de la guerra interna que ha acabado con la dimisión de Moix.