La Comunidad de Madrid paga la defensa de tres investigados en Lezo
Usan el seguro privado que les protege legalmente y cuyo coste deben abonar si son condenados.
mateo balín | madrid
La Comunidad de Madrid paga a través de un seguro privado los gastos que suponen la defensa legal de al menos tres exdirectivos del Canal de Isabel II que están siendo investigados en el caso Lezo, el presunto saqueo de la empresa pública de abastecimiento de agua.
La administración regional, perjudicada en este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, dispone de una póliza de responsabilidad civil que ampara a altos cargos y funcionarios con problemas legales por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus funciones.
En la lista de encausados, que incluye a personalidades como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o el expresidente de Inassa (filial del Canal en Colombia) Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos en prisión sin fianza tras ser detenidos el pasado 19 de abril, se encuentran tres investigados que han ejercido su derecho a la asistencia letrada que les facilita la ley 3/1999.
Según fuentes del Canal, estos tres altos cargos en el momento de la investigación de la operación Lezo son la ex directora financiera María Fernanda Richmond, el exgerente Adrián Martín y el exdirector de la Secretaría Técnica Fernando de Cevallos.
El seguro de responsabilidad civil para empleados existe desde 1995 y es un tipo de póliza privada habitual en las empresas públicas para proteger a sus directivos y administradores por actos que cometan en el ejercicio de sus funciones, y aunque ya no estén en el cargo.
Esta póliza, precisaron las mismas fuentes, no cubre fianzas penales de los investigados y si éstos resultasen declarados culpables en sentencia firme «tendrían que abonar todos los gastos de defensa ocasionados a la empresa aseguradora, que es quien los paga, no la administración».