Colau no animará a participar en la consulta secesionista del 1-O

cristian reino | barcelona

Catalunya en Comú, la fuerza que lidera Ada Colau, decidió ayer que su posición respecto al referéndum del 1 de octubre será todo menos clara. Los comunes, en un ejercicio de equilibrio interno, anunciaron que apoyarán la votación del 1 de octubre como una «movilización legítima» y como un acto de «afirmación por el derecho a decidir». Hasta ahí las buenas noticias para Carles Puigdemont. Las malas son que la confluencia de izquierdas que gobierna en el ayuntamiento de Barcelona y que ganó las dos últimas elecciones generales en Cataluña no considera la votación como un referéndum vinculante y, lo que es peor para los independentistas, en principio no tiene intención de llamar a la participación.

La decisión de la dirección de Catalunya en Comú, que recibió un amplio apoyo de las bases, coincide con la que mantiene Pablo Iglesias y la ejecutiva de Podemos a nivel nacional. No así la de los morados en Cataluña, al menos su dirección, que va por libre y que ya se quedó fuera de la confluencia entre los comunes e Iniciativa. «El 1 de octubre puede ser una movilización legítima, pero no un referéndum con garantías y eficacia jurídica» dijo Iglesias, que afirmó que si fuera catalán no participaría en el 1-O.

La ambigüedad es marca de la casa de la formación de la izquierda alternativa, que es rehén de su propia configuración. Por un lado, hay dirigentes que son (o han sido) independentistas. La propia Ada Colau confesó que en el 9-N votó a favor de la secesión; mientras, Xavier Domènech y Jaume Asens proceden de posiciones cercanas a la CUP. Pero en Catalunya en Comú también están muy presentes los dirigentes de Iniciativa, que no están por la ruptura.

La apuesta de Colau es crear un PSUC del siglo XXI, con aires ‘maragallianos’, en referencia al expresidente catalán del PSC. Por esa razón, no se alinea con el frente nacionalista de Esquerra, Pdecat y la CUP. Pero al mismo tiempo no quiere que se le encasille junto a Ciudadanos, PSC y PP. Una calculada ambigüedad que al PSC le resultó en el pasado y que los comunes han actualizado.

La posición de los comunes supone un nuevo obstáculo para la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP, que insisten por activa y por pasiva que el 1-O será un referéndum en toda regla y con efectos jurídicos, a pesar de que fuera del secesionismo oficial es muy difícil encontrar a alguien que pueda afirmar que la votación tendrá las garantías suficientes para poder ser considerada vinculante. «Un referéndum es un espacio de resolución de conflictos, y no nos encontramos ante una propuesta de resolución de conflictos, sino de afirmación de la soberanía de Cataluña», afirmó ayer el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

El desmarque de los comunes ejemplifica que Puigdemont tiene aún una enorme tarea por delante para convencer a los catalanes no independentistas de que el 1-O será decisivo para presionar a Madrid a sentarse a negociar. Ahí radica uno de los principales problemas para el presidente de la Generalitat. Su baza es que el carácter vinculante se lo dé el porcentaje de participación. De ahí la relevancia de que los comunes no hagan campaña para llamar a los suyos a la participación. Se trata de una decisión que no es definitiva y que podría variar si dejasen de ver tantas «incógnitas» respecto a la convocatoria.