Buscan pruebas del caso del 3% en la Generalitat y el Parlament
El consejero de la Presidencia se jacta de detener a los guardias civiles en la puerta del Gobierno catalán.
Agentes de la Guardia Civil a su salida de la sede del Parlamento de Cataluña. MARTA PÉREZ
cristian reino | barcelona
El Palau de la Generalitat y la Cámara catalana fueron ayer escenario de algunas escenas que anticipan cómo podría ser el llamado choque de trenes. Las imágenes de la Guardia Civil entrando a las dos principales instituciones del autogobierno catalán fueron un avance de lo que podría ocurrir en los próximos meses, si el Gobierno catalán no se amilana y llega hasta el final en su intención de poner las urnas y el Ejecutivo central hace lo propio en su voluntad de impedir la votación. En esta ocasión, la Guardia Civi y la Fiscalía no irrumpieron en las instituciones catalanes por alguna querella relacionada con el proceso secesionista, sino por un caso de corrupción, el del 3%, que afecta a la antigua Convergència.
Los guardias y el fiscal anticorrupción, José Grinda, entraron en el Palau de la Generalitat, en la Cámara catalana, en la Consejería de Justicia y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ejecutivo catalán. La operación, ordenada por el juez instructor del caso del 3% en el Tribunal Superior de Cataluña, buscaba información sobre presuntas adjudicaciones irregulares practicadas por Germá Gordó durante su época como secretario general de la presidencia, entre 2011 y 2013, cuando era mano derecha de Artur Mas.
Los investigadores llevan tiempo sobre la pista de las agendas electrónicas y del libro de visitas del exconsejero de Justicia, que el Gobierno catalán nunca ha entregado al juez con el argumento de que han desaparecido. Los investigadores creen que esa información podría comprometer al exdiputado de Junts pel Sí y confirmarle como pieza clave de la financiación ilegal de CDC y como el supuesto «conseguidor», según la versión de la Fiscalía, de las mordidas que habría cobrado Convergència de empresarios de la construcción. De ahí la importancia del libro de visitas, donde aparecerían las reuniones que mantenía Gordó con empresarios.
Gordó, que tras ser imputado renunció a la militancia del Pdecat y abandonó al grupo parlamentario de Junts pel Sí, que le exigía que dejara su escaño, declarará el lunes que viene ante el juez. El exconsejero de Justicia guardó ayer silencio y se limitó a escribir en Twitter: «Sin comentarios, cielo sereno».
La entrada (o semientrada) de la Guardia Civil en la sede del Ejecutivo autonómico se convirtió en un nuevo capítulo de la guerra que libran desde hace años los Gobiernos central y catalán. La operación, que tenía todo el simbolismo de los agentes irrumpiendo en los puntos claves de la política de Cataluña, sirvió al Gobierno central para lanzar un aviso para navegantes, ahora que se acercan curvas en el proceso.
En el otro lado, casi lo mismo. En un primer momento, el Palau de la Generalitat se presentó casi como una especie de «no pasarán» el hecho de que el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, «impidiera», según la versión de su departamento, el acceso de la Benemérita. La Guardia Civil, aún así, accedió a dependencias del Palau de la Generalitat y requirió el registro del libro de visitas y las actas de las reuniones de Gordó mientras fue secretario general del Gobierno.
El Gobierno de Puigdemont reaccionó con cautela y se impuso el silencio. Desde las fuerzas independentistas valoraron el gesto de Turull casi de forma heroica. Desde la oposición, vieron con «normalidad» la actuación de la Guardia Civil. El PP acusó a Turull de «obstaculizar» la acción de la justicia, dejando imágenes «poco edificantes». La CUP comparó la operación con el golpe del 23-F.