El soberanismo catalán echa el freno ante los avisos del Gobierno

M. E. Alonso | Madrid

El Parlamento catalán inició ayer el nuevo curso político con una nueva notificación judicial a la Mesa de la Cámara y con la expectativa de tramitar la ley del referéndum de nuevo en la nevera. El órgano que preside Carmen Forcadell no modificó, finalmente, su orden del día y evitó así iniciar el preceptivo trámite, aplazando el choque institucional con el Estado y acercándolo a la víspera de la Diada.

Una decisión que Forcadell argumentó por su «complejidad» y para evitar un recurso seguro del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que suspendería cautelarmente la norma que daría el supuesto paraguas legal para la consulta del 1 de octubre y su consiguiente tramitación. La propia presidenta de la Cámara dio pistas de por dónde nace la dificultad al recordar la situación judicial de cinco de los miembros de la Mesa, entre los que se encuentra ella misma. «Es mi competencia y lo estoy valorando. Además, no hay nadie inocente y todos conocemos el grado de judicialización de la política catalana»», apuntó.

Un medida arbitraria, sin precedentes, que soliviantó a la oposición que arremetió duramente contra Forcadell por actuar, en su opinión, como mera correa de transmisión de los designios soberanistas, orillando su papel institucional. Los partidos constitucionalistas ven en la decisión de postergar la tramitación de la primera de las leyes de desconexión una muestra más de la «cobardía» de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y del «desconcierto» que se vive en las filas secesionistas. Por regla general, recordaron, todas las leyes inscritas en la Cámara autonómica son valoradas en la primera convocatoria de la Mesa que se celebre.

«No sabemos si todo esto se ajusta a un plan perfectamente preparado o a la total improvisación. Yo me inclino por la segunda», subrayó el líder del PSC, Miquel Iceta. El dirigente socialista avanzó además que su partido ya tiene preparada la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias en cuanto se inicie la tramitación de la ley de referéndum, si al final los secesionistas optan por esta vía, al considerar que «liquida» el Estatut y la Constitución.

Mutismo absoluto

Mientras las críticas arrecian, los principales dirigentes de Junts pel Sí y del Ejecutivo de Puigdemont muestran una cierta prudencia y guardan un mutismo absoluto respecto a sus intenciones parlamentarias. El calendario corre, sólo faltan 44 días para el pretendido referéndum, y Puigdemont y sus socios parecen decididos a mantener en suspense y en alerta al Gobierno de Mariano Rajoy y a las altas instituciones del Estado, preparados para frenar cada movimiento táctico de las fuerzas independentistas.En este dique de contención juega un papel determinante el Tribunal Constitucional. El pleno del alto tribunal ya suspendió cautelarmente el pasado 31 de julio la reforma del reglamento de la Cámara catalana, con el que Junts pel Sí y la CUP intentaron que se pudiese aprobar leyes por el mecanismo de lectura única para agilizar los trámites del referéndum. Una suspensión que fue notificada ayer personalmente por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la presidenta del Parlamento, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara, en donde se les advierte sobre los posibles riesgos y responsabilidades, incluso penales, de no acatar el dictamen judicial.