Rajoy anuncia una "respuesta firme" a cada "vulneración" mientras 40.000 catalanes protestan contra las detenciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en su declaración institucional que el Estado dará una "respuesta firme" a cada "vulneración" pero no ha dado ninguna pista de cuál son sus planes para después del 1 de octubre.

Rajoy ha pedido hoy a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y están "a tiempo de evitar males mayores".

"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos". También ha hecho una advertencia a quienes "aprovechan el órdago independentista" para "generar inestabilidad en las calles" y "debilitar las instituciones". "Les advierto de que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de la vida política", ha añadido.

"España es un Estado de Derecho y tiene los mecanismos para impedir que quieren pretenden infringir las normas de nuestra democracia puedan hacerlo. Hace unos días dije que nadie vacilaría a la hora de cumplir con sus deber, me refería al Gobierno y a quienes garantizan el funcionamiento de nuestra democracia. Ellos defienden los derechos de todos los españoles. Velan por el respeto a las leyes. Nadie puede ponerse encima de ellas".

"No se puede votar para incumplir la ley, se vota para cambiarla por medios lícitos", ha dicho el presidente. "Lo que está en juego no es una demanda política, está en cuestión el propio fundamento de la democracia, el Estado de derecho ha actuado y seguirá actuando" ha dicho Rajoy, quien ha insistido en que para cada ilegalidad y vulneración de la ley habrá una respuesta "firme, proporcionada y rigurosa", ha añadido. Y ha anunciado que el Estado dará una respuesta "firme, proporcionada y rigurosa" a la "deriva" radicalista catalana.

Rajoy ha apelado a la unidad y ha dicho que no lo considera un respaldo a su Gobierno sino al Estado.

"Mi actuación estará guiada por la prudencia y la responsabilidad", finalizó el presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy durante su comparecencia esta tarde en el Palacio de La Moncloa. CHEMA MOYA

Mientras se producía esta comparecencia oficial, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana, están congregadas en los alrededores de la sede de la consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat, situada en la Rambla de Catalunya confluencia con la Gran Vía de Barcelona.

Los concentrados protestan por el registro que lleva a cabo la Guardia Civil por orden judicial en la consellería y ha obligado a cortar el tráfico desde primeras horas de la mañana tanto en la Rambla de Catalunya como en la Gran Vía.

La concentración, en la que se gritan consignas a favor del referéndum del 1 de octubre, comenzó poco después del inicio del registro, alrededor de las ocho de la mañana, y a la misma se ha ido sumando gente paulatinamente a lo largo del día.

En las otras capitales de provincia catalanas, Tarragona, Lleida y Girona, y en otras poblaciones de la comunidad se han celebrado también concentraciones contra los registros de la Guardia Civil y a favor del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El proceso catalán alcanza el punto de máxima tensión

La Guardia Civil, por orden de un juez de Barcelona, realizó más de 41 registros, detuvo a una quincena de personas -buena parte de ellos altos cargos del Gobierno catalán, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Junqueras-, investigó a una veintena de personas y dio un golpe muy duro a la organización de la consulta -así lo reconocieron los propios dirigentes del independentismo-. Pero al mismo tiempo, encendió la mecha de la movilización callejera, que podría prolongarse hasta el 1-O. La sociedad catalana, la parte de ella que considera que tiene derecho a que se le consulte sobre el futuro de Cataluña y que en el Parlamento catalán agrupa al 60% de los escaños, reaccionó de manera contundente a lo que considera una agresión a sus derechos civiles, pues no solo fueron las organizaciones políticas y las plataformas soberanistas las que respondieron a la operación policial, sino entidades como el Barça, los sindicatos o las universidades. El proceso catalán ha generado episodios de mucha tensión, como el 9-N, la condena de Mas o los dos días en que se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad, pero nada que ver con lo de este miércoles. La Consejería de Economía de Junqueras, convertida en una especie de símbolo de la resistencia contra el invasor español, fue el epicentro de las protestas.

El independentismo habló de golpe de Estado, de estado de excepción, de suspensión de la autonomía y hasta de declaración de guerra, unos términos de extrema dureza, más propios de los primeros años de la transición, pero que reflejan el nivel de tensión que preside el llamado pleito catalán. A día de hoy, la distancia entre los dos contendientes es de tal magnitud, que lo que para el secesionismo fue este miércoles un golpe de Estado orquestado por la Guardia Civil, para el constitucionalismo no fue más que la reacción del Estado, que tiene el derecho y el deber de defender la democracia. El enfrentamiento institucional fue máximo, aunque, eso sí, no se produjeron apenas incidentes (al cierre de esta edición). La tensión, sin embargo, puede ir a más hasta el día 1 de octubre, teniendo en cuenta que las operaciones policiales aún no han conseguido descabezar la joya de la corona de todo referéndum: las urnas. Ya lo advirtió Carles Puigdemont el fin de semana pasado, cuando aseguró que no hay que subestimar la "fuerza del pueblo de Cataluña". Lo dijo como réplica a unas manifestaciones similares de Mariano Rajoy: "No hay que subestimar la fuerza de la democracia". Lo que ayer se vivió en Cataluña responde a qué se referían los dos mandatarios con sus avisos. El choque de trenes se desató con toda su crudeza.

El escenario es un polvorín hasta el 1-O, pero casi se podría decir que Rajoy y Puigdemont tienen lo que esperaban. El presidente del Gobierno, que ha dado su palabra de que no habrá urnas el próximo 1 de octubre, aprieta el puño y actúa con la contundencia que le pedían los suyos, mientras que Puigdemont puede tener el clima propicio para sus intereses ante el 1 de octubre, haya o no urnas. Si las hay, la gente acudirá de manera masiva y si no las hay, podrá decir que es por culpa de la acción represiva de un Estado que, su juicio, ha suspendido la autonomía catalana sin pasar por las Cortes. Suspensión que ayer se consumó en lo que a las cuentas se refiere por parte del Ministerio de Hacienda y que Cristóbal Montoro afirmó que será "indefinida". En cualquier caso, quien tiene un problema mayor es Rajoy, porque el presidente de la Generalitat expresó este miércoles toda su determinación a continuar con el referéndum y por tanto obligará al jefe del Ejecutivo español a llevar a cabo lo que dijo que no quiere hacer, lo que podría ocasionarle fugas en el bloque constitucionalista. Rajoy se reunió ayer por separado con el PSOE y Ciudadanos, que le trasladaron todo su apoyo. "Estaban (los secesionistas) avisados de lo que podía pasar", dijo sobre la operación policial. "Puigdemont debe rectificar", afirmó el presidente del Gobierno. Los secesionistas, por su parte, recibieron el apoyo de los comunes en todas las manifestaciones que hubo en Cataluña -Colau animó a manifestarse en defensa del autogobierno- y también en la que se celebró en la puerta del Sol, en Madrid, a la que acudieron juntos los partidos independentistas y Podemos, que horas antes abandonaron el Congreso en medio del pleno para mostrar su rechazo a la operación policial.