El Gobierno orilla el artículo 155 de la Constitución para frustrar la consulta
El Ejecutivo no prevé su aplicación antes del 1 de octubre y activa otras vías para bloquearla.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. MARISCAL
Nuria Vega | Madrid
El Gobierno no contempla que el botón rojo que siempre fue el artículo 155 de la Constitución en el imaginario colectivo, sea a día de hoy una vía efectiva para impedir el referéndum de independencia. Camino del 1 de octubre, en la Moncloa apuntan que el tren de la intervención parcial de la autonomía de Cataluña pasó. Convertido ya en bala de plata, en último recurso, ese precepto constitucional se reserva, en todo caso, para «después». Para un hipotético futuro de desobediencia que podría llevar a una ruptura unilateral de Cataluña con el resto de España.
Durante meses se percibió como «pasar el Rubicón», apuntan fuentes gubernamentales, y se vetó en todas las intervenciones públicas. La presión «mediático-política» desaconsejó al Ejecutivo plantearse siquiera una «versión suave» del 155, incluso pudiendo haber dado una mayor cobertura legal a decisiones puntuales como la de intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar desvíos de dinero público a la organización del referéndum. La posibilidad de que un paso en falso quebrara la alianza con PSOE y Ciudadanos, llevó al Gobierno a abrir caminos alternativos.
Una «quimera imposible»
Siendo la prioridad frenar la consulta, se llegó a la conclusión de que el ordenamiento jurídico ya ofrecía un abanico de normas suficiente para restringir la capacidad logística de la Generalitat. Y eso, combinado con la acción de la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado, es lo que llevó a Mariano Rajoy a dar por desactivada la consulta la noche del pasado miércoles: «Saben que este referéndum ya no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo, ahora no es más que una quimera imposible».
Incautadas casi diez millones de papeletas, tarjetas censales, material variado para los locales de votación y actas para la celebración de la consulta, el Gobierno admite que sigue faltando un elemento, el más simbólico: las urnas. Pero su impresión general es que se ha avanzado mucho en el reto de frustrar los preparativos, que es en lo que trabajaba el departamento de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desde antes del verano. Son dos los terrenos en los que se ha movido el Ejecutivo en las últimas semanas: el de los recursos ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las leyes de desconexión aprobadas en el Parlamento de Cataluña y el presupuestario.