Diario de León

El fiscal ordena a los Mossos incautarse del material del 1-O

Interior ya ha desplegado en Cataluña al 75% de los antidisturbios de toda España.

Representantes de los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen guardia en la Delegación del Gobierno en Cataluña. A. DALMAU

Representantes de los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen guardia en la Delegación del Gobierno en Cataluña. A. DALMAU

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Melchor Sáiz-Pardo | Madrid

Órdenes concretas, directas e inmediatas a la dirección de los Mossos d’Esquadra en la primera reunión de coordinación para abortar el 1-O. Los agentes de la policía autonómica serán los que acudan a los eventuales colegios electorales para identificar a sus responsables, incautarse de cualquier material relacionado con el referéndum declarado ilegal por el Constitucional y apercibir a los titulares de esos espacios públicos de que el simple hecho prestar las llaves a los voluntarios para que abran los colegios el próximo domingo puede ser constitutivo de un «acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos».

Las instrucciones que, por primera vez forzarán al cuerpo autonómico a actuar de una manera visible en contra del referéndum si los agentes no quieren ser acusados de desobediencia, partieron del fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, y tenían como destinatario expreso al ‘major’ del cuerpo catalán, Josep Lluís Trapero. Pero Trapero no acudió a la reunión, por lo que el ‘mando único’ del despliegue contra el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tuvo que comunicárselas al número tres de los Mossos, el comisario Ferrán López, sustituto de Trapero durante este primer encuentro en la Delegación del Gobierno en Barcelona.

Según fuentes del encuentro, la mano derecha del ‘major’ acudió a la reunión con la única intención de insistir en la necesidad de poner en marcha órganos de coordinación que no estuvieran bajo el control del Ministerio del Interior, pero sus peticiones solo tuvieron como respuesta los cuatro folios firmados por el fiscal superior con la inmediata movilización de los Mossos como policía judicial. Según estas disposiciones, los agentes autonómicos deberán acudir a todos los «centros educativos o administrativos» designados como «colegios electorales» e identificar a los «responsables» de los mismos. Estas personas serán interrogadas para saber si han recibido alguna notificación para colaborar con el referéndum y, en caso afirmativo, entregar toda la «documentación» sobre esa designación, incluyendo los nombres de las personas de «contacto» que les habrían comunicado que su centro el domingo debe albergar urnas.

Las órdenes transmitidas por el coronel a los Mossos son tajantes: En el caso de que el colegio haya «recibido algún tipo de material se procederá a su inmediata intervención», ya sean «papeletas, urnas, listados de votantes u ordenadores», entre otros efectos.

La Fiscalía presta especial atención a las llaves de los centros. Al margen de apercibir a los responsables de los colegios de que prestar las llaves puede ser colaboración en un delito, les avisa de que, en el caso de que ya las hayan entregado a los voluntarios, tienen la «obligación» de impedir la apertura del centro y que tienen que «denunciar sin demora a la policía la presencia de personas en las instalaciones ajenas al mismo».

En la reunión de coordinación, apuntaron fuentes del encuentro, solo se abordaron los movimientos policiales «previos» al próximo domingo.

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