Mas y siete subordinados deberán afianzar 5,2 millones en 15 días
La consulta popular del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, suspendida primero y declarada ilegal meses después por el Tribunal Constitucional, le va a salir muy cara a sus responsables, empezando por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, condenado por un delito de desobediencia por estos hechos a dos años de inhabilitación. La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer ayer el acta de liquidación de la consulta del 9-N, pagada con dinero público de la Generalitat, una vez que ha concluido la investigación.
Los abogados de los expedientados acudieron a la sede del órgano fiscalizador para conocer la factura, que asciende a 5,25 millones de euros: 4,83 millones por los daños ocasionados a los fondos públicos y 420.349 euros por los intereses generados en estos casi tres años. La instructora responsabiliza directamente a Artur Mas por todos los gastos de aquella consulta como presidente de la Generalitat. En concreto, por las partidas dispuestas por sus subordinados, entre ellos los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, condenados también por los tribunales por un delito de desobediencia. Los ocho expedientados al finalizar la instrucción (el caso de dos interventores ha sido archivado) tendrán ahora 15 días para depositar de forma directa y solidaria las cantidades que se les reclama. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes para garantizar el pago en caso de una futura condena. De las nueve partidas destinadas al 9-N, la delegada instructora exige una fianza directa y solidaria (conjuntamente) a dos o más investigados.
Pero en el caso de Más, como máximo responsable entonces de las cuentas públicas catalanas, aparece en todas las partidas bajo sospecha, es decir, tendría que hacer frente con sus bienes personales al pago de la fianza en el supuesto de que sus compañeros no lo hagan. Tras conocer la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas, Mas, Homs, Rigau y Ortega emitieron un comunicado conjunto en el que tachan la resolución de «auténtica aberración». «No tiene fundamento jurídico, solo gusta intimidar y es una operación de abuso del Estado».