La consulta será vigilada por 33 diputados extranjeros
El Gobierno acusa a la Generalitat de pagar al grupo de parlamentarios.
Puigdemont, acompañado por el conseller de Exteriores, Romeva, junto a los eurodiputados y diputados europeos y de Israel. TONI ALBIR
c. reino | barcelona
El referéndum sobre la independencia convocado por Carles Puigdemont no tiene junta electoral que vele por la transparencia de todo el proceso de votación, o al menos no lo tendrá hasta mañana, cuando el Gobierno catalán desvelará sus nombres. Pero sí contará con una nutrida representación de observadores internacionales, que vigilarán colegio a colegio, como ya hicieron en el 9-N, todas las incidencias que puedan producirse.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibió ayer a la delegación parlamentaria internacional, que ha sido «invitada» por el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) para «hacer el seguimiento del referéndum del domingo sobre el terreno», según informó el jueves el Ejecutivo catalán. La administración catalana busca con la presencia de esta delegación dotar al referéndum del cariz oficial y legal del que carece.
El portavoz de la delegación de 33 parlamentarios es el exministro de Asuntos Exteriores esloveno, Dimitrij Rupel. Y la integran dos eurodiputados españoles, Josu Juaristi Abaunz (EH Bildu) y María Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerdas), además de diputados de Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Suecia, Israel, Islandia, Irlanda y Reino Unido. Muchos de ellos como el de EH Bildu, Alternativa Galega, el flamenco, los del Sinn Fein, los escoceses y galeses son formaciones que simpatizan con la causa secesionista catalana, por lo que su independencia podría estar cuanto menos en cuestión.
Su función será ejercer de observadores de la votación. Tras la jornada electoral del domingo, elaborarán un informe preliminar que darán a conocer el lunes y otro más extenso que incluirá «recomendaciones» de cara al futuro.
El Diplocat informó ayer que ha organizado para esta delegación internacional una agenda de reuniones con representantes políticos favorables y contrarios al referéndum y para el día de la votación una serie de itinerarios por los puntos de votación, para que extraigan sus conclusiones. Durante el 9-N de 2014, la Generalitat ya organizó un dispositivo similar.
La presencia de esta delegación ha estado rodeada de polémica, pues el Gobierno central sostiene que la Generalitat, a través de su oficina diplomática, ha sufragado los gastos de sus integrantes. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, insistió al jueves en esta idea y acusó a Puigdemont de haber pagado a un grupo de observadores internacionales para un referéndum en el que «no hay mucho que observar» porque no se va a celebrar. En realidad, el Gobierno de refería a una segunda misión de observación internacional desplazada a Barcelona, que complementa al grupo de parlamentarios extranjeros que observarán in situ el proceso de votación, en el 1-O.